Nace esta ley con la pretendida intención de ahorrar unos 7.000 millones de euros, y racionalizar el gasto público o, dicho con palabras del propio preámbulo del anteproyecto de ley: "racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas".