Nace esta ley con la pretendida intención de ahorrar unos 7.000 millones de euros, y racionalizar el gasto público o, dicho con palabras del propio preámbulo del anteproyecto de ley: "racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas".
Naturalmente la música suena bien, pero la letra, es decir, lo que dice realmente, es lo que empieza a irritar a quien sostiene que hay servicios públicos esenciales que deben garantizarse más allá de la “sostenibilidad financiera”, expresión que traducida a un castellano más de andar por casa, significa que si usted puede pagarlo de su bolsillo, pase adentro; pero que si no puede, que Dios lo ampare, hermano. Y como el amparo de Dios es más que discutible preferimos el amparo de nuestro ayuntamiento; conviene aquí recordar lo del leñador a quienes las monjas dijeron que la carga de leña, “Dios se la pague” a lo cual respondió que mejor le pagasen ellas, que Dios tenía muchas deudas y se le podía olvidar.
Y ese “favorecer la iniciativa privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas” es, aquí de eso algo sabemos ya, simple y llanamente privatizar servicios. En la ideología del partido en el gobierno está firmemente anclado que lo privado es preferible a lo público, tal vez porque sus dirigentes han gozado desde la cuna de sanidad, educación y todo tipo de servicios privados y piensan que si ellos se lo pagan todo, que pague todo el mundo por todo.
Naturalmente la ley establece uno servicios mínimos que sí pueden recibir de sus ayuntamientos todos los ciudadanos, de todos los municipios, con independencia de su número de habitantes:
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos”.
Es decir que basta con que un municipio tenga 5.000 habitantes para que no tenga derecho a prestar servicio de biblioteca pública, en orden a conseguir esa “ estabilidad y sostenibilidad financiera” que la ley pretende y para lo cual ,por ejemplo, en pueblos con menos de 1.000 habitantes los alcaldes no pueden cobrar ningún sueldo, con lo cual posiblemente buscan que solo accedan a la alcaldía gentes con el futuro resuelto, sobrada y demostrada solvencia y capacidad económica y un demostrado interés por “ favorecer la iniciativa económica privada “, que, no se yo si me explico, pero creo que si. En las grandes ciudades si podrán cobrar un más que digno sueldo de 100.000 euros...
Con 20.000 habitantes además se pueden encargar, entre otras cosas, de la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, lo que en la práctica hace que los colectivos más desfavorecidos en pueblos como casi todos los de nuestra comarca tengan que buscar la atención de los servicios de asistencia social no se sabe muy bien cómo, tal vez con la visita una vez al mes de personal de la diputación , ms sencillamente, se tengan que apoyar únicamente en la caridad que se le quiera hacer.
Y así se va estableciendo que sea el número de habitantes del municipio donde se resida el que determine las prestaciones y servicios que podrán gestionar directamente los ayuntamientos o cuales pasarán a depender de diputaciones o autonomías correspondientes con lo cual lo de todos iguales, de la ley de queda una vez más en un hermoso deseo cada vez más lejos de la realidad.
Pero todo sea por “la eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera” valores que tanto gustan a quienes nos gobiernan siempre que los que sufran las consecuencias sea quienes siempre las han sufrido a lo largo de la historia de la humanidad, los más desfavorecidos, el pueblo.
Y ese “favorecer la iniciativa privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas” es, aquí de eso algo sabemos ya, simple y llanamente privatizar servicios. En la ideología del partido en el gobierno está firmemente anclado que lo privado es preferible a lo público, tal vez porque sus dirigentes han gozado desde la cuna de sanidad, educación y todo tipo de servicios privados y piensan que si ellos se lo pagan todo, que pague todo el mundo por todo.
Naturalmente la ley establece uno servicios mínimos que sí pueden recibir de sus ayuntamientos todos los ciudadanos, de todos los municipios, con independencia de su número de habitantes:
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos”.
Es decir que basta con que un municipio tenga 5.000 habitantes para que no tenga derecho a prestar servicio de biblioteca pública, en orden a conseguir esa “ estabilidad y sostenibilidad financiera” que la ley pretende y para lo cual ,por ejemplo, en pueblos con menos de 1.000 habitantes los alcaldes no pueden cobrar ningún sueldo, con lo cual posiblemente buscan que solo accedan a la alcaldía gentes con el futuro resuelto, sobrada y demostrada solvencia y capacidad económica y un demostrado interés por “ favorecer la iniciativa económica privada “, que, no se yo si me explico, pero creo que si. En las grandes ciudades si podrán cobrar un más que digno sueldo de 100.000 euros...
Con 20.000 habitantes además se pueden encargar, entre otras cosas, de la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, lo que en la práctica hace que los colectivos más desfavorecidos en pueblos como casi todos los de nuestra comarca tengan que buscar la atención de los servicios de asistencia social no se sabe muy bien cómo, tal vez con la visita una vez al mes de personal de la diputación , ms sencillamente, se tengan que apoyar únicamente en la caridad que se le quiera hacer.
Y así se va estableciendo que sea el número de habitantes del municipio donde se resida el que determine las prestaciones y servicios que podrán gestionar directamente los ayuntamientos o cuales pasarán a depender de diputaciones o autonomías correspondientes con lo cual lo de todos iguales, de la ley de queda una vez más en un hermoso deseo cada vez más lejos de la realidad.
Pero todo sea por “la eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera” valores que tanto gustan a quienes nos gobiernan siempre que los que sufran las consecuencias sea quienes siempre las han sufrido a lo largo de la historia de la humanidad, los más desfavorecidos, el pueblo.