Posiblemente las aspiraciones de los municipios que pretendían la segregación, y tener sus propio Ayuntamiento, queden frustradas por los nuevos planteamientos que pretenden unir municipios de menos de 5.000 habitantes.
Lo que no se entiende es el “paripé” que se ha producido esta misma semana, mientras que la Diputación Provincial de Granada aprobaba por unanimidad la segregación de cuatro Entidades Locales que ya llevaban tramitando su segregación desde hace algún tiempo, y al parecer a buen ritmo, como son Carchuna, Játar, Fornes y Ventas de Zafarraya, el Gobierno de la nación, de su mismo signo político, pretende todo lo contrario, fusionar municipios.
Toda la prensa provincial se ha hecho eco estos días de estas cuestiones, y, el diario IDEAL, en la edición impresa, publicaba el pasado domingo, 3 de junio, un magnífico reportaje de Miguel Allende, en el que analizaba las ‘fusiones’ de los municipios.
La Diputación apoya la segregación de Carchuna, Játar, Fornes y Ventas de Zafarraya
Carchuna-Calahonda, Játar, Fornes y Ventas de Zafarraya contarán mañana con el apoyo unánime de la Diputación para que se segreguen de las localidades a las que están adscritas.
El pleno tiene previsto dar su voto favorable a que adquieran más independencia. "Creemos en la autonomía de estas entidades y en sus posibilidades. No tenemos ninguna objeción que hacer. En todo caso, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es el competente para resolver sobre este tema y pronunciará su criterio", indicó el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, José Torrente.
Carchuna-Calahonda es una Entidad Local Autónoma (ELA) dependiente del Ayuntamiento de Motril. En agosto de 2011 ya anunció que preguntaría en referéndum a sus vecinos si querían que la ELA se convierta en municipio. Játar y Fornes pertenecen a Arenas del Rey y Ventas de Zafarraya, a Alhama de Granada. De conseguir esa segregación, estas entidades engrosarían la lista de 168 municipios de la provincia de Granada, a la que también se quiere sumar la localidad de Valderrubio, que ya ha conseguido tras años de reivindicaciones que el Ayuntamiento de Pinos Puente, del que depende, aprobara su independencia de la matriz.
También se debatirá en la sesión de mañana algunos cambios como el símbolo de la Diputación. La primera idea es institucionalizar el lema de Granada es provincia y luego se quiere modificar el escudo, al que se le añadirá la cartela para que en su parte inferior figure Excelentísima Diputación Provincial de Granada. También se adoptará como símbolo gráfico la Granada Coronada. "Son los símbolos con los que queremos darle carácter a la institución a través de las imágenes históricas de esta casa".
En el apartado de mociones, el equipo de Gobierno propone posicionarse en contra de los recortes del Gobierno bipartito de la Junta de Andalucía, al que se solicitará un "nuevo presupuesto" porque "el que presentó el señor Griñán en periodo electoral ha resultado ser un fiasco, era mentira y se encuentra desfasado".
De estas cuentas deberían derivarse, según contó el portavoz, reajustes en "gastos suntuarios" como coches oficiales o partidas de representación. Torrente exigió a su vez que se evite que a los altos cargos se les recorten sus sueldos solo un 5% y a los funcionarios un 15 "cuando ya han soportado en los últimos ejercicios numerosas medidas que han mermado su poder adquisitivo".
130 AYUNTAMIENTOS EN EL MAPA DE LAS ‘FUSIONES’
MIGUEL ALLENDE en IDEAL el domingo 3/6/2012
El Gobierno estudia reducir el númerode consistorios con menos de 5.000 ó 1.000 habitantes, lo que afectaría hasta al 80% de los municipios granadinos y a un quinto de la población.
La intención del Gobierno de reducir el voluminoso número de ayuntamientos existente en España –suman un total de 8.116–, ha disparado todas las alarmas. En especial, en los que cuentan con menos de 5.000 vecinos, que son la mayoría. Tal es el caso de 130 consistorios en la provincia de Granada. El mapa municipal como lo hemos conocido hasta la fecha, pudiera tener sus días contados si prosperan las propuestas del Ejecutivo que avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en fechas recientes. El argumento barajado para rebajar de forma considerable el número de consistorios es el mismo que se ha utilizado con otras decisiones de calado tomadas por el Ejecutivo. Es el caso de los recortes adoptados en sanidad o en educación, que han sido justificados en base a que hay que mermar drásticamente el gasto público para alcanzar el objetivo de déficit en el presente año y en el siguiente. Los cambios o reformas que se avecinan para la administración local, entrarían por tanto dentro de esa misma política y conllevarían, igualmente, importantes sacrificios que, demomento y hasta que no se concreten las medidas, son desconocidos.
¿Cuál es ese objetivo de ahorro que quiere alcanzar el Gobierno?. Para el caso que nos ocupa, una cifra tan redonda como la de 3.500 millones de euros. ¿Cómo conseguirlo? Agrupando a los municipios más pequeños y reordenando lo que se denomina competencias impropias, o lo que es lo mismo, aquellas que en la actualidad ejercen los ayuntamientos pero que deberían corresponder a otras administraciones por la envergadura que tienen. O por el excesivo coste que comportan y al que no pueden hacer frente los consistorios locales hoy en día, según se interprete. Esto puede traducirse también en la eliminación del gasto público ineficiente, que es el que no produce nada: ningún tipo de servicio al ciudadano.
Esta ‘guerra’ entre administraciones que se avecina y que tiene en uno de sus extremos al Estado y en el otro a las corporaciones locales, no es nueva, puesto que la clarificación de competencias de los ayuntamientos es una de las históricas demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que incluso ha llegado a cifrar en nada menos que 6.000 millones de euros el coste que sus representados asumieron al prestar esos servicios. Un montante que en ‘tiempos de bonanza’ pudieron sacar adelante pero que desde que estallara la ‘burbuja inmobiliaria’ y empezaran a caer sus ingresos directos derivados del ladrillo, se ha convertido en una losa que ha aplastado económicamente a la mayor parte de los consistorios. Cuestiones del calado de la limpieza y mantenimiento de las escuelasmunicipales, su calefacción, igualdad de género o teleasistencia domiciliaria están a cargo de muchos ayuntamientos.
Dos escenarios
Aunque aún no se conoce el número concreto de consistorios a los que afectaría esta medida anunciada por el Ejecutivo, en función de lo que establezca la reforma de la administración local, lo cierto es que ha caído como una bomba en todas aquellas provincias en las que hay un gran número de ellos. Buen ejemplo es la de Granada, donde existen 168 ayuntamientos, aunque bien es verdad que este número es aún pequeño si se le compara con otras provincias como Burgos o Salamanca, que tienen 371 y 362 municipios, respectivamente. Tomando como criterio el de la población, uno de los primeros escenarios a considerar es el de losmunicipios con menos de 5.000 habitantes, que es el que en las últimas semanas se ha barajado como el más probable. Pues bien, en este caso resulta que en la provincia de Granada, las decisiones que se adopten afectarían a 130 municipios en los que viven 190.000 habitantes, la quinta parte de toda la población provincial.
Si el listón se baja unos peldaños, hasta los 1.000 habitantes como máximo por cada municipio incluido en esta reestructuración, el número de ayuntamientos afectados en Granada sería muchomenor: 59 en total, con una población conjunta de 33.294 vecinos.
Sea cual sea el corte que marque el Gobierno, creará tensiones pues, no en vano, la administración local es la que está más pegada al ciudadano, en la resolución de sus problemas, en el día a día de cada amunicipio. «Ya veremos a quién acude un vecino de cualquier pueblo pequeño cuando se le presente un grave problema, por la noche, y no sepa ni quién es su alcalde», explica el primer edil de un municipio del entorno de Granada que no quiere que aparezca su nombre. Entre otras cosas, porque milita en el PP.
Pues bien, partiendo de la base que la reforma puede contemplar una importante reducción en el número de ayuntamientos, en función del número de habitantes antes mencionado, queda por conocer cómo se haría la misma. ¿Por proximidad? ¿Por nivel de renta? ¿Por afinidad sociológica?. Lo cierto es que al no conocerse los criterios sobre los que descansará la decisión del Gobierno, todo son especulaciones. Granada, por las peculiaridades geográficas que comporta, tendría difícil llevar a cabo estas medidas, pues hay comarcas con núcleos pequeños y cercanos, caso de la Alpujarra, y otras como el Altiplano donde ocurre justamente lo contrario.
Menos problemático, en teoría, sería la agrupación de servicios de varios ayuntamientos sin que estos perdiesen su personalidad jurídica. Es la fórmula más plausible desde el ámbito municipal, pero la que menos ahorro económico supondría en comparación con la supresión pura y dura de consistorios.
En opinión de José Torrente (PP), portavoz del equipo de gobierno de la Diputación Provincial, de lo que se trata en estosmomentos es de no especular: «Hablaremos de hechos consumados, cuando conozcamos la decisión del Gobierno». Al ser preguntado por la asunción de nuevas responsabilidades por parte de la Corporación Provincial, Torrente afirma que la institución «garantizará la prestación de todos los servicios y competencias en igualdad». Más allá, incluso, añade que «todos los ciudadanos de la provincia, vivan donde vivan, tienen derecho a unos servicios mínimos y si para ello han de ser impulsadas las competencias de la Diputación, bienvenidas sean». Considera, de igual modo, que la provincia de Granada tiene que tener un tratamiento específico «por su especiales aracterísticas orográficas».
La propia FEMP también ha dado a conocer su posición sobre este asunto en materia de competencias municipales, al considerar que son las diputaciones las que deben de asumir un papel de «administración común» de todos esos ayuntamientos que no pueden prestar los servicios que tienen a su cargo, simplemente porque no tienen recursos económicos para ello.
Discrepancias
Los otros dos partidos políticos con representación en la Diputación Provincial, no ven con muy buenos ojos la reforma municipal que pretende implantar el Gobierno. No, al menos, como una imposición.
Para el portavoz del grupo socialista, José Entrena, su partido apoya la agrupación voluntaria municipios, «pero nunca la fusión forzosa». A su juicio, la propuesta del Gobierno del PP de fusionar por ley municipios con una población menor a los mil habitantes «vulnera el principio de autonomía local y supone un desconocimiento de los mapas locales y de las peculiaridades de cada población ». Refiriéndose al caso concreto de la provincia granadina, Entrena resalta que «nuestros municipios no pueden perder sus señas de identidad y es de justicia que conserven sus raíces».
No obstante lo anterior, agrega que «apostamos por la agrupación voluntaria demunicipios en mancomunidades y consorcios para prestar servicios de manera más eficiente, como se demuestra con las que ya existentes en la provincia».
Un «atentado» Desde IU, su coordinador provincial, Manuel Morales, denuncia que la pretensión del PP de eliminar los municipios de menos de 5.000 habitantes «es un atentado contra la democracia que no busca racionalizar la gestión ni ahorrar costes, sino acabar con el contrapoder que suponen miles de alcaldes rurales de toda España, que más allá de las siglas, acostumbran a dar prioridad a las necesidades y el bienestar de sus ciudadanos».
IU defiende la administración local como la más eficiente, democrática y cercana al ciudadano a la par que asegura que es falso que eliminando ayuntamientos de pequeñas poblaciones se abarate la gestión, para lo que pone como ejemplos casos que en las poblaciones pequeñas suelen suceder de forma habitual, como que una persona sea atendida un sábado por la tarde porque la lluvia ha derribado su casa, que un funcionario se pueda desplazar en veinte minutos a supervisar una mala ejecución de la reparación de un colegio, o que un cuerpo de inspectores detecte una construcción ilegal en un municipio de 800 habitantes.
Los 168 municipios y población a 2011 en la provincia de Granada
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La gestión de los ingresos, en manos de unos pocos |
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La intención del Gobierno de reducir el voluminoso número de ayuntamientos existente en España –suman un total de 8.116–, ha disparado todas las alarmas. En especial, en los que cuentan con menos de 5.000 vecinos, que son la mayoría. Tal es el caso de 130 consistorios en la provincia de Granada. El mapa municipal como lo hemos conocido hasta la fecha, pudiera tener sus días contados si prosperan las propuestas del Ejecutivo que avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en fechas recientes. El argumento barajado para rebajar de forma considerable el número de consistorios es el mismo que se ha utilizado con otras decisiones de calado tomadas por el Ejecutivo. Es el caso de los recortes adoptados en sanidad o en educación, que han sido justificados en base a que hay que mermar drásticamente el gasto público para alcanzar el objetivo de déficit en el presente año y en el siguiente. Los cambios o reformas que se avecinan para la administración local, entrarían por tanto dentro de esa misma política y conllevarían, igualmente, importantes sacrificios que, demomento y hasta que no se concreten las medidas, son desconocidos.
¿Cuál es ese objetivo de ahorro que quiere alcanzar el Gobierno?. Para el caso que nos ocupa, una cifra tan redonda como la de 3.500 millones de euros. ¿Cómo conseguirlo? Agrupando a los municipios más pequeños y reordenando lo que se denomina competencias impropias, o lo que es lo mismo, aquellas que en la actualidad ejercen los ayuntamientos pero que deberían corresponder a otras administraciones por la envergadura que tienen. O por el excesivo coste que comportan y al que no pueden hacer frente los consistorios locales hoy en día, según se interprete. Esto puede traducirse también en la eliminación del gasto público ineficiente, que es el que no produce nada: ningún tipo de servicio al ciudadano.
Esta ‘guerra’ entre administraciones que se avecina y que tiene en uno de sus extremos al Estado y en el otro a las corporaciones locales, no es nueva, puesto que la clarificación de competencias de los ayuntamientos es una de las históricas demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que incluso ha llegado a cifrar en nada menos que 6.000 millones de euros el coste que sus representados asumieron al prestar esos servicios. Un montante que en ‘tiempos de bonanza’ pudieron sacar adelante pero que desde que estallara la ‘burbuja inmobiliaria’ y empezaran a caer sus ingresos directos derivados del ladrillo, se ha convertido en una losa que ha aplastado económicamente a la mayor parte de los consistorios. Cuestiones del calado de la limpieza y mantenimiento de las escuelasmunicipales, su calefacción, igualdad de género o teleasistencia domiciliaria están a cargo de muchos ayuntamientos.
Dos escenarios
Aunque aún no se conoce el número concreto de consistorios a los que afectaría esta medida anunciada por el Ejecutivo, en función de lo que establezca la reforma de la administración local, lo cierto es que ha caído como una bomba en todas aquellas provincias en las que hay un gran número de ellos. Buen ejemplo es la de Granada, donde existen 168 ayuntamientos, aunque bien es verdad que este número es aún pequeño si se le compara con otras provincias como Burgos o Salamanca, que tienen 371 y 362 municipios, respectivamente. Tomando como criterio el de la población, uno de los primeros escenarios a considerar es el de losmunicipios con menos de 5.000 habitantes, que es el que en las últimas semanas se ha barajado como el más probable. Pues bien, en este caso resulta que en la provincia de Granada, las decisiones que se adopten afectarían a 130 municipios en los que viven 190.000 habitantes, la quinta parte de toda la población provincial.
Si el listón se baja unos peldaños, hasta los 1.000 habitantes como máximo por cada municipio incluido en esta reestructuración, el número de ayuntamientos afectados en Granada sería muchomenor: 59 en total, con una población conjunta de 33.294 vecinos.
Sea cual sea el corte que marque el Gobierno, creará tensiones pues, no en vano, la administración local es la que está más pegada al ciudadano, en la resolución de sus problemas, en el día a día de cada amunicipio. «Ya veremos a quién acude un vecino de cualquier pueblo pequeño cuando se le presente un grave problema, por la noche, y no sepa ni quién es su alcalde», explica el primer edil de un municipio del entorno de Granada que no quiere que aparezca su nombre. Entre otras cosas, porque milita en el PP.
Pues bien, partiendo de la base que la reforma puede contemplar una importante reducción en el número de ayuntamientos, en función del número de habitantes antes mencionado, queda por conocer cómo se haría la misma. ¿Por proximidad? ¿Por nivel de renta? ¿Por afinidad sociológica?. Lo cierto es que al no conocerse los criterios sobre los que descansará la decisión del Gobierno, todo son especulaciones. Granada, por las peculiaridades geográficas que comporta, tendría difícil llevar a cabo estas medidas, pues hay comarcas con núcleos pequeños y cercanos, caso de la Alpujarra, y otras como el Altiplano donde ocurre justamente lo contrario.
Menos problemático, en teoría, sería la agrupación de servicios de varios ayuntamientos sin que estos perdiesen su personalidad jurídica. Es la fórmula más plausible desde el ámbito municipal, pero la que menos ahorro económico supondría en comparación con la supresión pura y dura de consistorios.
En opinión de José Torrente (PP), portavoz del equipo de gobierno de la Diputación Provincial, de lo que se trata en estosmomentos es de no especular: «Hablaremos de hechos consumados, cuando conozcamos la decisión del Gobierno». Al ser preguntado por la asunción de nuevas responsabilidades por parte de la Corporación Provincial, Torrente afirma que la institución «garantizará la prestación de todos los servicios y competencias en igualdad». Más allá, incluso, añade que «todos los ciudadanos de la provincia, vivan donde vivan, tienen derecho a unos servicios mínimos y si para ello han de ser impulsadas las competencias de la Diputación, bienvenidas sean». Considera, de igual modo, que la provincia de Granada tiene que tener un tratamiento específico «por su especiales aracterísticas orográficas».
La propia FEMP también ha dado a conocer su posición sobre este asunto en materia de competencias municipales, al considerar que son las diputaciones las que deben de asumir un papel de «administración común» de todos esos ayuntamientos que no pueden prestar los servicios que tienen a su cargo, simplemente porque no tienen recursos económicos para ello.
Discrepancias
Los otros dos partidos políticos con representación en la Diputación Provincial, no ven con muy buenos ojos la reforma municipal que pretende implantar el Gobierno. No, al menos, como una imposición.
Para el portavoz del grupo socialista, José Entrena, su partido apoya la agrupación voluntaria municipios, «pero nunca la fusión forzosa». A su juicio, la propuesta del Gobierno del PP de fusionar por ley municipios con una población menor a los mil habitantes «vulnera el principio de autonomía local y supone un desconocimiento de los mapas locales y de las peculiaridades de cada población ». Refiriéndose al caso concreto de la provincia granadina, Entrena resalta que «nuestros municipios no pueden perder sus señas de identidad y es de justicia que conserven sus raíces».
No obstante lo anterior, agrega que «apostamos por la agrupación voluntaria demunicipios en mancomunidades y consorcios para prestar servicios de manera más eficiente, como se demuestra con las que ya existentes en la provincia».
Un «atentado» Desde IU, su coordinador provincial, Manuel Morales, denuncia que la pretensión del PP de eliminar los municipios de menos de 5.000 habitantes «es un atentado contra la democracia que no busca racionalizar la gestión ni ahorrar costes, sino acabar con el contrapoder que suponen miles de alcaldes rurales de toda España, que más allá de las siglas, acostumbran a dar prioridad a las necesidades y el bienestar de sus ciudadanos».
IU defiende la administración local como la más eficiente, democrática y cercana al ciudadano a la par que asegura que es falso que eliminando ayuntamientos de pequeñas poblaciones se abarate la gestión, para lo que pone como ejemplos casos que en las poblaciones pequeñas suelen suceder de forma habitual, como que una persona sea atendida un sábado por la tarde porque la lluvia ha derribado su casa, que un funcionario se pueda desplazar en veinte minutos a supervisar una mala ejecución de la reparación de un colegio, o que un cuerpo de inspectores detecte una construcción ilegal en un municipio de 800 habitantes.
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Los 168 municipios y población a 2011 en la provincia de Granada
| A Agrón 330 Alamedilla 704 Albolote 17.892 Albondón 905 Albuñán 431 Albuñol 6.686 Albuñuelas 956 Aldeire 677 Alfacar 5.508 Algarinejo 3.413 Alhama de Granada 6.188 Alhendín 7.362 Alicún de Ortega 528 Almegíjar 427 Almuñécar 27.754 Alpujarra de la Sierra 1.141 Alquife 738 Arenas del Rey 1.981 Armilla 22.283 Atarfe 16.432 B Baza 22.092 Beas de Granada 1.023 Beas de Guadix 385 Benalúa 3.370 Benalúa de las Villas 1.381 Benamaurel 2.471 Bérchules 828 Bubión 343 Busquístar 306 C Cacín 609 Cádiar 1.652 Cájar 4.714 La Calahorra 797 Calicasas 581 Campotéjar 1.380 Caniles 4.846 Cáñar 418 Capileira 537 Carataunas 200 Cástaras 277 Castilléjar 1.553 Castril 2.402 Cenes de la Vega 7.771 Chauchina 4.768 Chimeneas 1.485 Churriana de la Vega 12.902 Cijuela 3.086 Cogollos de Guadix 747 Cogollos Vega 2.029 Colomera 1.507 Cortes de Baza 2.265 Cortes y Graena 1.071 Cuevas del Campo 1.979 Cúllar 4.653 Cúllar Vega 7.019 D Darro 1.467 Dehesas de Guadix 499 Deifontes 2.567 Diezma 784 Dílar 1.757 Dólar 620 Dúdar 322 Dúrcal 7.333 E Escúzar 783 F Ferreira 343 Fonelas 1.093 Freila 1.092 Fuente Vaqueros 4.325 G Las Gabias 17.970 Galera 1.236 Gobernador 308 Gójar 5.315 Gor 924 Gorafe 471 Granada 240.099 Guadahortuna 2.013 Guadix 20.375 Los Guájares 1.194 Gualchos 4.672 Güéjar Sierra 3.023 Güevéjar 2.501 H Huélago 351 Huéneja 1.261 Huéscar 8.131 Huétor Santillán 1.880 Huétor-Tájar 10.134 Huétor Vega 11.770 |
I Íllora 10.346 Ítrabo 1.169 Iznalloz 7.003 J Jayena 1.162 Jérez del Marquesado 1.079 Jete 888 Jun 3.438 Juviles 167 L Láchar 3.179 Lanjarón 3.859 Lanteira 572 Lecrín 2.271 Lentegí 336 Lobras 160 Loja 21.618 Lugros 342 Lújar 453 M La Malahá 1.828 Maracena 21.264 Marchal 418 Moclín 4.213 Molvízar 3.203 Monachil 7.399 Montefrío 6.152 Montejícar 2.442 Montillana 1.404 Moraleda de Zafayona 3.281 Morelábor 765 Motril 60.887 Murtas 648 N Nevada 1.165 Nigüelas 1.181 Nívar 923 O Ogíjares 13.345 Orce 1.321 Órgiva 5.756 Otívar 1.193 Otura 6.747 P El Padul 8.416 Pampaneira 363 Pedro Martínez 1.273 Peligros 11.021 La Peza 1.303 El Pinar 1.009 Pinos Genil 1.363 Pinos Puente 13.314 Píñar 1.299 Polícar 229 Polopos 1.904 Pórtugos 384 Puebla de Don Fadrique 2.415 Pulianas 5.143 Purullena 2.260 Q Quéntar 1.025 R Rubite 456 S Salar 2.790 Salobreña 12.790 Santa Cruz del Comercio 594 Santa Fe 15.367 Soportújar 280 Sorvilán 592 T La Taha 810 Torre-Cardela 937 Torvizcón 755 Trevélez 823 Turón 291 U Ugíjar 2.711 V El Valle 1.161 Valle del Zalabí 2.315 Válor 710 Vegas del Genil 9.472 Vélez de Benaudalla 2.947 Ventas de Huelma 704 Villamena 1.052 Villanueva de las Torres 699 Villanueva Mesía 2.137 Víznar 907 Z Zafarraya 2.167 Zagra 959 La Zubia 18.412 Zújar 3.018 |
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Otrans noticias de Diputación de esta semana
El equipo de Gobierno promueve una declaración institucional a favor de las actuales demarcaciones judiciales
El portavoz del equipo de Gobierno, José Torrente, advierte que el texto sobre el que se está debatiendo en la actualidad es un informe del Consejo General del Poder Judicial que no representa la posición del Ejecutivo central en esta materia
El portavoz del equipo de Gobierno, José Torrente, anunció que los trabajos que se están llevando a cabo para que las mociones anunciadas para el pleno del próximo jueves por PP y PSOE acerca de de la demarcación judicial de la provincia se convierta en una declaración institucional conjunta.
Torrente aclaró previamente que el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el que se está debatiendo actualmente no es un documento del Gobierno y no contiene la posición del Ejecutivo central en esta materia.
Así las cosas, y aún teniendo en cuenta el sesgo político de la moción socialista, el portavoz ha dejado clara que hay vías suficientes para trabajar en un acuerdo para que las posiciones similares de todas las fuerzas políticas provinciales en este asunto hagan posible que la Diputación se pronuncie a favor de las actuales demarcaciones judiciales y que los servicios de Justicia sean iguales para los vecinos de todas las comarcas granadinas.
“Nosotros no tenemos ningún problema en sumarnos a la reivindicación del PSOE y de IU, y de los alcaldes del Partido Popular, de solicitar al Gobierno de España la permanencia de los actuales partidos judiciales de la provincia de Granada garantizando el servicio público que la Justicia es para todos los granadinos”, afirmó Torrente quien confia en que se llegue a un acuerdo en el próximo pleno provincial para lograr una declaración institucional pues “la ocasión merece el consenso”.
“No estamos de acuerdo en que se cambie el actual modelo de demarcación judicial en la provincia de Granada, posiblemente lo pueda decir más alto, pero no lo puedo decir más claro”, concluyó el portavoz.