A partir de que entre en vigor la nueva ley de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía que contempla sanciones para aquellos que hagan exaltación del fascismo exhibiendo cualquier tipo de símbolos, si bien para los particulares es al día siguiente de su publicación en el BOJA. Las multas menores oscilan entre los 200 y 2.000 euros, las reincidentes y mayores llegan hasta los 150.000 euros.
El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, presentó en Granada el anteproyecto de la nueva ley de memoria andaluza, que fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo, y que contempla sanciones por faltas leves (de entre 200 y 2.000 euros) por la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos. También hizo alusión a las banderas preconstitucionales y cantar himnos franquistas.
Naranjo, acompañado en rueda de prensa por la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y el representante provincial de la Oficina de la Vicepresidencia, José Vicente Pérez, (todos en la foto superior en esta rueda de prensa) señaló que el "eje estratégico" que subyace en la norma que acaba de empezar ahora su tramitación es el "deber público de la memoria", es decir, que el Estado sea el que tenga la "responsabilidad última" de responder a los derechos de las víctimas.
En lo que se refiere a la obligación de retirar la simbología franquista (que podrá asumir de manera subsidiaria la Junta), el director general ha dicho que le "sorprende" que lo que ocurre en otros lugares de Europa "aquí parezca revolucionario", y se ha congratulado de que el anteproyecto rechace las razones artísticas para evitar la retirada de los símbolos.
En opinión de Naranjo, todas las dictaduras, como las de Hitler o Stalin, y también la de Franco no se caracterizaron por el "buen gusto", sino que más bien perpetraron "bodrios arquitectónicos". "Así que yo creo que no tenemos que preocuparnos mucho del patrimonio histórico artístico, porque estos símbolos suelen ser más bien una agresión al buen gusto", consideró.
Por ello, cree que los ayuntamientos no opondrán resistencia a la retirada de esos símbolos, que ha calculado que en Andalucía son "cientos".
El director general, que ha hecho un repaso a todas las novedades que incluirá la futura ley, como la protección de las fosas, que tendrán que contar siempre para su exhumación con la supervisión de la Junta, o la expropiación "puntual y temporal" de terrenos privados si sus propietarios se niegan a que en su terreno se lleve a cabo un proceso exhumatorio, ha aclarado, en lo que respecta a la inclusión de asuntos de memoria en las escuelas, que no habrá una nueva materia en ese sentido, sino que se producirá una "actualización curricular".
Asimismo afirmó que esta futura ley apoya el movimiento asociativo memorialista, y que pretende también acabar con el "déficit de olvido" que supuso a su entender la Transición democrática que, de alguna forma, "se hizo a costa de tener que olvidar".
En lo que se refiere a los casos de los posibles niños robados, indicó que la ley, que amplía su marco temporal desde la Segunda República hasta 1982, incidirá en aquellos en los que haya "un origen ideológico", que afectaron a hijos de represaliados republicanos, pero no en los que, ya en periodo democrático, fueron consecuencia de un "negocio", con menos nexos con la ideología franquista.
Cuando dentro de poco entre en vigor la ley la exhibición de insignias y símbolos franquistas tendrá una multa de entre 200 a 2.000 euros
Naranjo, acompañado en rueda de prensa por la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y el representante provincial de la Oficina de la Vicepresidencia, José Vicente Pérez, (todos en la foto superior en esta rueda de prensa) señaló que el "eje estratégico" que subyace en la norma que acaba de empezar ahora su tramitación es el "deber público de la memoria", es decir, que el Estado sea el que tenga la "responsabilidad última" de responder a los derechos de las víctimas.
En lo que se refiere a la obligación de retirar la simbología franquista (que podrá asumir de manera subsidiaria la Junta), el director general ha dicho que le "sorprende" que lo que ocurre en otros lugares de Europa "aquí parezca revolucionario", y se ha congratulado de que el anteproyecto rechace las razones artísticas para evitar la retirada de los símbolos.
En opinión de Naranjo, todas las dictaduras, como las de Hitler o Stalin, y también la de Franco no se caracterizaron por el "buen gusto", sino que más bien perpetraron "bodrios arquitectónicos". "Así que yo creo que no tenemos que preocuparnos mucho del patrimonio histórico artístico, porque estos símbolos suelen ser más bien una agresión al buen gusto", consideró.
Por ello, cree que los ayuntamientos no opondrán resistencia a la retirada de esos símbolos, que ha calculado que en Andalucía son "cientos".
El director general, que ha hecho un repaso a todas las novedades que incluirá la futura ley, como la protección de las fosas, que tendrán que contar siempre para su exhumación con la supervisión de la Junta, o la expropiación "puntual y temporal" de terrenos privados si sus propietarios se niegan a que en su terreno se lleve a cabo un proceso exhumatorio, ha aclarado, en lo que respecta a la inclusión de asuntos de memoria en las escuelas, que no habrá una nueva materia en ese sentido, sino que se producirá una "actualización curricular".
Asimismo afirmó que esta futura ley apoya el movimiento asociativo memorialista, y que pretende también acabar con el "déficit de olvido" que supuso a su entender la Transición democrática que, de alguna forma, "se hizo a costa de tener que olvidar".
En lo que se refiere a los casos de los posibles niños robados, indicó que la ley, que amplía su marco temporal desde la Segunda República hasta 1982, incidirá en aquellos en los que haya "un origen ideológico", que afectaron a hijos de represaliados republicanos, pero no en los que, ya en periodo democrático, fueron consecuencia de un "negocio", con menos nexos con la ideología franquista.
Cuando dentro de poco entre en vigor la ley la exhibición de insignias y símbolos franquistas tendrá una multa de entre 200 a 2.000 euros
| Artículo 32. Elementos contrarios a la Memoria Democrática. 1. La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, y otras inscripciones o elementos, en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas de la represión. Artículo 52. Sanciones. 1. Las infracciones tipificadas en esta Ley se podrán sancionar con sanciones pecuniarias y no pecuniarias. 2. Las sanciones pecuniarias consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los siguientes importes en función de la gravedad de la infracción: a) Para infracciones muy graves: multa entre 10.001 a 150.000 euros. b) Para infracciones graves: multa entre 2.001 a 10.000 euros. c) Para Infracciones leves: multa entre 200 y 2.000 euros. 3. Las sanciones no pecuniarias consistirán en la pérdida del derecho a obtener subvenciones. |
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| >>> Aquí puedes descargar o ver el anteproyecto completa en PDF. | ||
Artículo que ya publicamos en 2007
Aunque en Alhama se desmontaron sin traumas los simbolos del franquismo, aún quedan algunos que han pasado desapercibidos, o al menos no han llamado la atención de ningún grupo social o político
05/11/2007.- La cruz de los caídos, las alusiones a Franco y José Antonio, la denominación de las calles... todos los símbolos del franquismo fueron desapareciendo paulatimanete a lo largo de la democracia de calles y rincones alhameños, y todo sin ningún tipo de problema y con el acuerdo unánime de los grupos políticos, a excepción del crucifijo del viejo salón de actos que sí supuso alguna polémica, y que se zanjó de forma salomónica ubicándolo en el despacho del alcalde donde aún continúa, y que puede entenderse como una falta constitucional al no respetar a todas las creencias y no separar la iglesia del estado.
05/11/2007.- La cruz de los caídos, las alusiones a Franco y José Antonio, la denominación de las calles... todos los símbolos del franquismo fueron desapareciendo paulatimanete a lo largo de la democracia de calles y rincones alhameños, y todo sin ningún tipo de problema y con el acuerdo unánime de los grupos políticos, a excepción del crucifijo del viejo salón de actos que sí supuso alguna polémica, y que se zanjó de forma salomónica ubicándolo en el despacho del alcalde donde aún continúa, y que puede entenderse como una falta constitucional al no respetar a todas las creencias y no separar la iglesia del estado.
La placa de piedra a la entrada de la calle "Carretera de Granada"
Sin embargo cuando tenga que aplicarse en su integridad la nueva ley de Memoria Histórica tendrá que cuestionarse la inscripción que, grabada en piedra, aún continúa en La Joya junto a la carretera de Granada, en un grupo de 52 viviendas construídas en 1954 y cuya inscripción conmemorativa está flanqueda por el escudo del sindicato vertical franquista y el símbolo de la Falange, al tiempo que se les denomina con el nombre de uno de los dirigentes falangistas, Rodrigo Vivar Téllez, juez-militar que enjuició a multitud de republicanos. Vivar Téllez era natural del El Morche (Velez Málaga) y Fue vicesecretario nacional de la falange.
La placa situada en la calle Málaga
También dos de las cuatro calles que configuran este grupo de viviendas aún llevan junto al nombre el yugo y las flechas, concretamente la calle Málaga y la calle Carretera (de Granada), las demás fueron sustituídas conforme el ayuntamiento ha cambiado las placas por otras de cerámica en diversas fases de embellecimiento.
El símbolo de la falange figura en la denominación de la calle,
y junto a los números de las viviendas el símbolo del sindicato
En cuanto a fosas comunes al parecer falta por determinar la ubicación del enterramiento que se hizo de un grupo de cien chavales enviados a defender la República desde la escuela naval de Cartagena, de una media de edad de 16 y 17 años, y que fueron fusilados sin nungún tipo de contemplaciones por orden del Coronel Muñoz al mando de las tropas rebeldes franquistas a modo de ejemplo contra la resistencia fascista, el 23 de enero de 1937, un día después de la caída de Alhama, y cuya ubicación se puede situar en algún punto de la carretera de Málaga y que actualmente atraviesa la población.
Las replesalias en Alhama fueron muy cruentas y se pueden estimar en datos aproximados, no hay cifras ciertas, en 26 los replesaliados por el bando republicano y en unos 250 por los rebeldes franquistas, sublevados contra el gobierno legal. Alhama tenía entonces unos 9.000 habitantes.
Hace 10 años que el Patronato de Estudios Alhameños intenta recuperar esta parte de nuestra historia.
Gobierno de Andalucía, sesión del 11 de marzo de 2014
El Gobierno andaluz inicia la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática
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Intervención del vicepresidente Valderas sobre este tema
La norma extenderá las medidas de reparación a los familiares de las víctimas de la represión, a los niños robados y a los internados en campos nazis
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Esta norma establecerá el régimen jurídico de las iniciativas que se desarrollan en la comunidad autónoma para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
El anteproyecto, que cuenta con el aval del relator de las Naciones Unidas para la investigación de las desapariciones forzosas en España, supera y adapta a Andalucía el marco de la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.
Entre otras novedades, el anteproyecto amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluye su estudio en los currículos educativos, y faculta a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establece la prohibición expresa de exhibición de símbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.
El anteproyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas de la represión franquista y los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía de Andalucía. El texto se estructura en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la Memoria Democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.
Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, prevé la elaboración de un censo que tendrá carácter público y prevé iniciativas de dignificación de las fosas comunes, de acuerdo con los ayuntamientos. Además, se señala el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En este día se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.
Lugares de Memoria
El anteproyecto refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática, regulados actualmente por el decreto autonómico de agosto de 2011 que por primera vez en España instauró esta figura para recordar los principales emplazamientos de la represión franquista y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Entre otras medidas, se recoge la creación del Catálogo de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves.
En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el Franquismo. Además, se faculta a la Aministración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.
Los artículos dedicados a las fosas comunes prevén un conjunto de disposiciones destinadas a facilitar la recuperación e identificación de los restos y la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. El anteproyecto establece que estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores. En este aspecto, también se prevé que, cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, el Gobierno andaluz deberá proceder a la expropiación temporal de su uso. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación y establecer un banco de datos de ADN.
Otra de las novedades de la futura ley será la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones.
En este sentido, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en los que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de Justicia Universal, que no sólo reclaman los familiares de las víctimas sino también organismos internacionales como la ONU.
Educación
Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en las conclusiones de la investigación historiográfica. Asimismo, se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de estudios.
En el ámbito de la actuación y la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social; y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y los 150.000 euros, el remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. Incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática y trasladar restos humanos sin autorización, o no informar del hallazgo casual de restos serán consideradas infracciones graves y podrán ser sancionadas con multas de entre 2.001 y 10.000 euros.
Por último, serán consideradas faltas leves (con sanciones de entre 200 y 2.000 euros) la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, o el impedir la visita pública, dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. Asimismo, la Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.
Las políticas de recuperación de la memoria democrática en Andalucía se iniciaron en 1999 con la aprobación en el Parlamento de una proposición no de ley para la concesión de indemnizaciones a las personas que lucharon en defensa de la libertad y la democracia. Dos años después, a través del decreto 1/2001, se establecieron compensaciones para los andaluces que fueron encarcelados y padecieron represalias políticas durante el régimen franquista. En 2003, un nuevo decreto amplió el derecho a las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de entre tres meses y tres años. Estas ayudas han beneficiado a un total de 2.506 ciudadanos hasta 2013.
Asimismo, se han concedido 114 indemnizaciones, por importe global de 205.200 euros, a mujeres represaliadas durante la postguerra civil y la Dictadura. Esta iniciativa, recogida en un decreto de 2010, está dirigida a las andaluzas que entre 1936 y 1950 vieron menoscabados su honor y su intimidad con acciones vejatorias como el rapado, la ingesta de aceite de ricino o la exposición al escarnio público. La cantidad fijada como indemnización es la misma que la de aquellos que sufrieron penas de cárcel.
Fosas comunes
Las medidas de reparación también han incluido la elaboración de un mapa de fosas de Andalucía, con la localización de 614, realizado en colaboración con colectivos sociales y las universidades públicas de la comunidad, así como la declaración de medio centenar de Lugares de Memoria Democrática.
Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta el momento, se han realizado 38 exhumaciones y están previstas 11 más en 2014. Los lugares que acogerán estas actuaciones son Alfacar (Granada); Cañete la Real (Málaga) y los cementerios de Almería, Cádiz (1ª fase), los granadinos de Cullar Vega, Órgiva y Moclín, los sevillanos de Puebla de Cazalla, Puebla de los Infantes y Coria del Río y en el de Ronda (Málaga).
La Junta, en colaboración con las universidades públicas, también ha promovido la investigación sobre los tribunales de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo. Además, ha colaborado en la edición de una docena de volúmenes sobre memoria democrática y en varias exposiciones sobre el tema.