El fiscal, que le acusa de maltrato animal por no alimentarlos y de desobedecer a la autoridad, solicita además que indemnice con 2.357 euros a la Junta de Andalucía
La Fiscalía de Granada ha solicitado 13 meses de prisión para el propietario de una granja de Alhama de Granada, J.A.M., al que acusa de haber dejado morir de hambre a más de un millar de cerdos de su propiedad, así como de haber desobedecido a la Junta de Andalucía, cuando le instó a que los alimentara tras tener constancia de que había dejado de hacerlo.
El Ministerio Público le atribuye la presunta comisión de dos delitos: uno de maltrato a animales y otro de desobediencia a la autoridad, y junto a la pena de prisión, solicita que indemnice a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía con 2.357 euros, el dinero que costó a la administración autonómica retirar los cadáveres de los porcinos, que acabaron comiéndose unos a otros.
Los hechos se remontan al mes de mayo de 2009, cuando, según el fiscal, el granjero "hizo caso omiso" a una resolución emitida por la Junta en la que se le ordenaba que "de forma inmediata y urgente, procediera a proporcionar alimentación y cuidado suficientes a los animales" de la explotación que aún estuviesen vivos, así como "a retirar los cadáveres de los animales muertos".
Como quiera que el acusado no atendió ese primer requerimiento, la Junta dictó el 20 de julio del mismo año una nueva resolución, en la que ordenó la ejecución subsidiaria para la retirada de los porcinos muertos. Finalmente, "al no facilitar la entrada el titular ni colaborar de modo alguno", la Junta tuvo que solicitar autorización judicial para entrar en la granja, la cual le fue concedida en agosto por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de la capital.
Cuando los agentes del Seprona accedieron al interior de la explotación, hallaron los restos de los cerdos "con signos evidentes de haber existido canibalismo". Para la Fiscalía, J.A.M. "dejó de proporcionar el alimento y cuidado a los animales que se encontraban en el recinto de la explotación ganadera de su propiedad, con conocimiento pleno de que por el lugar en el que se encontraban no existía modo alguno de que ellos pudieran conseguir el sustento necesario para vivir, condenándolos así a una muerte segura y cruel".
Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, emitido en junio de 2011 y al que ha tenido acceso este diario. Fuentes judiciales precisaron que este caso, que ha sido instruido en el Juzgado de Instrucción 2 de Loja, será enjuiciado en el juzgado de lo Penal 2 la capital, sin que exista aún fecha para el juicio.
Según pudo saber este diario cuando publicó la imputación del granjero, éste había denunciado a su vez a la Junta, alegando que el abandono de los cochinos se debió a la negación de un préstamo y de ayudas por parte de la Administración.
- Noticia inicial.
- Origen de la noticia.
El Ministerio Público le atribuye la presunta comisión de dos delitos: uno de maltrato a animales y otro de desobediencia a la autoridad, y junto a la pena de prisión, solicita que indemnice a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía con 2.357 euros, el dinero que costó a la administración autonómica retirar los cadáveres de los porcinos, que acabaron comiéndose unos a otros.
Los hechos se remontan al mes de mayo de 2009, cuando, según el fiscal, el granjero "hizo caso omiso" a una resolución emitida por la Junta en la que se le ordenaba que "de forma inmediata y urgente, procediera a proporcionar alimentación y cuidado suficientes a los animales" de la explotación que aún estuviesen vivos, así como "a retirar los cadáveres de los animales muertos".
Como quiera que el acusado no atendió ese primer requerimiento, la Junta dictó el 20 de julio del mismo año una nueva resolución, en la que ordenó la ejecución subsidiaria para la retirada de los porcinos muertos. Finalmente, "al no facilitar la entrada el titular ni colaborar de modo alguno", la Junta tuvo que solicitar autorización judicial para entrar en la granja, la cual le fue concedida en agosto por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de la capital.
Cuando los agentes del Seprona accedieron al interior de la explotación, hallaron los restos de los cerdos "con signos evidentes de haber existido canibalismo". Para la Fiscalía, J.A.M. "dejó de proporcionar el alimento y cuidado a los animales que se encontraban en el recinto de la explotación ganadera de su propiedad, con conocimiento pleno de que por el lugar en el que se encontraban no existía modo alguno de que ellos pudieran conseguir el sustento necesario para vivir, condenándolos así a una muerte segura y cruel".
Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, emitido en junio de 2011 y al que ha tenido acceso este diario. Fuentes judiciales precisaron que este caso, que ha sido instruido en el Juzgado de Instrucción 2 de Loja, será enjuiciado en el juzgado de lo Penal 2 la capital, sin que exista aún fecha para el juicio.
Según pudo saber este diario cuando publicó la imputación del granjero, éste había denunciado a su vez a la Junta, alegando que el abandono de los cochinos se debió a la negación de un préstamo y de ayudas por parte de la Administración.
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