El caso, denunciado por la Fiscalía provincial tras una investigación del Seprona, se encuentra en un juzgado de Loja, que trata de esclarecer si se pudo cometer un delito de maltrato animal por falta de cuidado.
Dejar morir de hambre a un animal en una explotación ganadera puede constituir un delito de maltrato animal. Así se desprende de lo establecido en el artículo 337 del Código Penal (recientemente modificado para endurecer los castigos) y así lo entendió la Fiscalía provincial de Granada cuando, a mediados del año pasado, decidió llevar a los tribunales al dueño de una granja de Alhama de Granada por, presuntamente, haber dejado morir de hambre a más de mil cerdos.
Según consta en la querella que presentó la Fiscalía contra el ganadero, a la que ha tenido acceso este diario, el Ministerio Público decidió actuar tras tener conocimiento, a través de la Junta, de la lamentable situación en la que se encontraban los animales en la granja. Y, entre otras gestiones, solicitó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que elaborase un informe sobre lo que allí estaba ocurriendo.
Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, en mayo de 2009, ya había instado al dueño de la explotación, J.A.M., a que "de forma inmediata y urgente procediera a proporcionar alimentación y cuidado suficientes a los animales que aún estuviesen vivos", así como a retirar los cadáveres de los animales muertos. El granjero, sin embargo -y siempre según la querella- "hizo caso omiso" al requerimiento.
Por lo visto, los propios vecinos de la zona se habían quejado ante el Seprona del fuerte olor que desprendían los porcinos muertos y, finalmente, fue la Junta la que ejecutó subsidiariamente la retirada de los cadáveres con la correspondiente autorización judicial. La estampa que allí encontraron (como se puede ver en la fotografía) fue espeluznante.
Según la querella, en el censo de la granja aparecía que en la explotación había 7 verracos, 230 cerdas, 200 recríos y 689 cebos, es decir, más de 1.100 cabezas de ganado. Y como no figuraban desde noviembre de 2008 ni bajas ni altas, se estimó que el número de porcinos muertos rondaba el millar.
La querella indica que el ganadero, en sus alegaciones, justificó la falta de cuidado de la granja en "la denegación de un préstamo y de ayudas por la administración". De hecho, el granjero, según las fuentes consultadas, formuló a su vez una denuncia contra la Junta, en la que habría atribuido a la falta de subvenciones el fatal desenlace de los animales de su explotación. Dicha denuncia, según las referidas fuentes, siguió un cauce judicial distinto, al tratarse de dos asuntos diferentes.
Para la Fiscalía, el hombre pudo haber adoptado medidas para evitar que sus animales fallecieran de ese modo, "sometiéndolos a un padecimiento absolutamente inútil e innecesario". Sin embargo, presuntamente, no sólo no hizo nada sino que tampoco colaboró con la Junta, que tuvo que solicitar judicialmente poder entrar a la granja.
El caso de esta explotación de Alhama aún no ha pasado a la fase de preparación del juicio oral, en la que la Fiscalía y el resto de las partes califican los hechos. Se encuentra por tanto aún en la fase de instrucción, por lo que el granjero sólo está imputado y no acusado.
Si finalmente se formula acusación contra él será entonces cuando se conozca la pena a la que se enfrentará en un eventual juicio. De momento, el juzgado lojeño instructor (el número 2) está pendiente de que la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía le remita un informe sobre el coste económico que tuvo la retirada de los cadáveres de los porcinos en agosto de 2009.
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