Las oficinas de Alhama de Granada, Huéscar, Órgiva y Ugíjar dependerán de la oficina de Motril o la capital.
Martín Arcos asegura que es “un auténtico atropello al mundo rural”
El PSOE de Granada ha acusado a la Junta de Andalucía de ser “verdugo” de las oficinas liquidadoras en la provincia, al reducirlas de 10 a 3, y ha pedido la firma de un nuevo convenio con los Registradores de la Propiedad de Andalucía que garantice su mantenimiento, con “todas las atribuciones y prestaciones que tenían en el anterior acuerdo y manteniendo todos los puestos de empleo que tenían”.
Tras el cierre de 10 de ellas y la reducción de competencias y servicios que han sufrido las tres oficinas que continuarán su labor, el parlamentario andaluz Juan José Martín Arcos (en la imagen) ha explicado que el Gobierno andaluz “no ha hecho nada”, toda vez que sabía que el pasado 31 de diciembre de 2019 expiraba la vigencia del convenio de la Junta con los Registro de la Propiedad de julio de 1999 para la gestión, liquidación y recaudación de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
“Se trata de unas oficinas que prestan un servicio cercano y eficiente a los contribuyentes granadinos”, ha dicho el socialista que ha apuntado que el Ejecutivo del PP y C’s ha decidido “acabar con las oficinas de Baza, Huéscar, Iznalloz, Montefrío, Santa Fe, Loja, Alhama de Granada, Órgiva, Albuñol y Ugíjar, y restringirle competencias a las de Motril, Almuñécar y Guadix”.
Según ha remarcado Martín Arcos, esta situación se verá agravada por los “largos desplazamientos que va a provocar”, ya que los usuarios de las oficinas de Montefrío y Santa Fe tendrán que desplazarse a la oficina de Almuñécar o a la Gerencia Provincial de Hacienda en la capital, los de Baza, Iznalloz y Loja harán lo propio hasta la de Guadix o la de la capital, y los de Albuñol, Alhama de Granada, Huéscar, Órgiva y Ugíjar acudirán a la oficina de Motril o la capital.
“Esta reforma planteada por el Gobierno del PP y C’s es un auténtico atropello al mundo rural porque va a perjudicar de manera singular a las personas mayores. Donde había cercanía y proximidad, van a imponer lejanía y dificultad, acabando con la función social que cumplían las oficinas liquidadoras”, ha expuesto.
“Las derechas dejan a uno de cada tres granadinos y granadinas sin este servicio, por lo que pasarán a ser ciudadanos y ciudadanas de segunda”, ha señalado el socialista para agregar que “esto no es más que un nuevo golpe a las políticas contra el fenómeno de la despoblación”.
Asimismo, ha lamentado que el cierre o vaciado de competencias de estas oficinas liquidadoras haya generado “incertidumbre” entre los empleados y empleadas que se dedican a esta labor. De ahí, que haya abogado por mantener “todos los puestos de trabajo que tenían hasta ahora”.
Rechazo a la propuesta del Gobierno andaluz
Por todo ello, Martín Arcos ha recalcado que el PSOE de Granada rechaza la propuesta del Gobierno andaluz para la modificación del convenio que regula el funcionamiento de las oficinas liquidadoras en esta tierra, para lo que el Grupo Parlamentario presentará una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz y mociones en los ayuntamientos de la provincia en defensa de dichas oficinas.
El planteamiento del PP y C’s contempla que la mayoría de estas oficinas se queden como meros registros de entrada, con horario reducido de atención al público, obligando al contribuyente a pedir cita previa para ser atendido y dejando de prestar el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como lo venían haciendo.
Por último, el socialista ha lamentado que la Junta pretenda con esta medida “empobrecer aún más a las zonas rurales, aquellas que merecen los mismos servicios y oportunidades que cualquier otro territorio”, y ha recordado que “ya de por sí, están muy castigados por el recorte de servicios públicos en materia educativa o sanitaria que ha llevado a cabo el actual Gobierno de las derechas”.
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