La Ley del Colegio de Periodistas de Andalucía será aprobada por el Parlamento Andaluz en diciembre, lo que ha supuesto una importante labor y gestión de la FAAP bajo la presidencia de Andrés.
En la imagen superior: Con el portavoz de IU, Diego Valderas Sosa.
La Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa (FAAP) se ha reunido con los portavoces de los tres partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía para pedirles el apoyo en la tramitación del Anteproyecto de Ley del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 2 de agosto. Todos los portavoces, Mario Jesús Jiménez Díaz por el Grupo Socialista, María Esperanza Oña Sevilla por el Grupo Popular y Diego Valderas Sosa por Izquierda Unida-Los Verdes, han manifestado su satisfacción y respaldo a la iniciativa confiando que sea aprobada directamente y por lectura única, en aplicación del artículo 136 del reglamento del Parlamento de Andalucía, antes de que finalice este año.
En las reuniones, que se han desarrollado en la sede del Parlamento de Andalucía, han participado los miembros del Consejo Directivo de la FAAP, cuya presidencia desempeña Andrés García Maldonado.
La FAAP, apoyada por sus doce Asociaciones de la Prensa (Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Jerez, Campo de Gibraltar, Córdoba, Málaga, Jaén, Almería, Ceuta y Melilla) viene trabajando intensamente en los últimos años para hacer realidad esta vieja aspiración, que data de 1996, como bien expuso renteramente Andrés García Maldonado a los portavoces parlamentarios. De esta forma y gracias al respaldo de los Grupos Parlamentarios, los periodistas andaluces podrán ver hecho realidad la puesta en marcha de su Colegio, como actualmente existe en Cataluña, Galicia y Murcia.
Como recoge el borrador del anteproyecto de ley, los fines del nuevo colegio se centrarán en la ordenación del ejercicio de la profesión, la defensa de los intereses de las personas colegiadas y el control de su actividad conforme a las normas deontológica. Entre otras funciones, elaborará el código en esta materia, ejercerá la potestad disciplinaria sobre sus miembros en caso de incumplimientos de las normas, y representará y defenderá a la profesión ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, además de organizar actividades e iniciativas de formación permanente para sus colegiados.
La decisión de poner en marcha este proceso se fundamenta en el artículo 20 de la Constitución Española, que establece que todo ciudadano tiene derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y en la protección al honor, intimidad y propia imagen mediante un correcto ejercicio profesional.