La adhesión de estos municipio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda impulsado por la Junta de Andalucía, y que cuenta con una red de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección supone combatir los desahucios en la comunidad autónoma.
Mariela Fernández-Bermejo, delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada, manifestó la importancia de esta herramienta, que en Granada ha prestado sus servicios a más de 1.000 familias, "gracias a la atención personalizada que se ofrece a todas aquellas que lo solicitan".
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública y, por ello, el Ayuntamiento facilitará a la delegación territorial información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio, tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables, y para realizar el seguimiento del mismo.
En la provincia de Granada se han adherido un total de 43 municipios al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda: Albolote, Algarinejo, Almegijar, Almuñecar, Alpujarra de la Sierra, Arenas del Rey, Armilla, Atarfe, Baza, Beas de Granada, Benalúa, Cañar, Cuevas del Campo, Cúllar Vega, Deifontes, El Padul, Freila, Gorafe, Guadix, Güevejar, Íllora, Iznalloz, Jun, La Malahá, Las Gabias, Lobras, Loja, Maracena, Moclin, Moraleda, Murtas, Orce, Peligros, Polopos, Pulianas, Rubite, Salar, Salobreña, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, Torvizcón, Villa-nueva de las Torres y Víznar.