
La historia recordará el 21 de julio de 2026 no como una simple fecha en el calendario judicial, sino como el día en que Alhama de Granada vio amputado su término municipal en casi 1.300 hectáreas de monte público (unos 13 kilómetros cuadrados de alto valor ganadero y cinegético en la Sierra de Loja) en beneficio de Zafarraya.
Mientras desde el Ayuntamiento vecino se celebra con euforia el haber aumentado su superficie en más de un 20%, en Alhama reina el estupor y la indignación ante una pérdida patrimonial irreparable. Sin embargo, si se rasca más allá de los tecnicismos legales de la Sentencia 958/2026 del Tribunal Supremo, lo que emerge no es una fatalidad inevitable, sino el retrato de una gestión municipal nefasta marcada por diez años de inacción, improvisación y una inquietante sombra de conflicto de intereses.

Una década de "no tener estrategia"
El golpe no llegó por sorpresa; llevaba gestándose desde 2016, cuando un cambio normativo en Andalucía permitió a la alcaldesa de Zafarraya, Rosana Molina (PSOE), reactivar el expediente de deslinde. Durante los más de dos años que duraron los trabajos de campo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) hasta que la Junta dictó la Orden de mayo de 2019 dando la razón a Zafarraya, la defensa de los intereses de Alhama brilló por su ausencia.
Tal y como han denunciado desde la oposición municipal, cuando en los plenos se preguntaba al equipo de gobierno del Partido Popular —encabezado ya entonces por el alcalde Jesús Ubiña— cuál era la hoja de ruta para frenar el deslinde, la respuesta oficial rozaba el cinismo: «la estrategia es no tener estrategia».
Mientras Zafarraya se armaba jurídicamente con letrados de primer nivel (como el letrado del Consejo de Estado José Luis Palma Fernández, quien defendió la causa zafarrayera con ahínco e incluso de forma desinteresada por su vinculación con la pedanía de El Almendral), en Alhama se fiaba todo a una suerte de inercia administrativa que acabó saltando por los aires.

El bumerán jurídico: cuando los argumentos de ayer son la condena de hoy
El recorrido judicial del caso deja al descubierto la fragilidad de la defensa alhameña:
- 1. La Orden de la Junta (2019): La administración autonómica (gobernada precisamente por el mismo partido político que el Ayuntamiento de Alhama) avaló el deslinde de abril de 1872, un documento aprobado por el Gobernador Civil de la época que nunca llegó a plasmarse en el Catastro ni en la cartografía oficial, pero que no fue impugnado formalmente en su día.
- 2. El espejismo del TSJA (2023): El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio una victoria temporal a Alhama anulando la orden de la Junta y dando validez a los trabajos topográficos de 1893 y 1895. Aquel fallo se celebró como definitivo, pero escondía una trampa legal: esos trabajos de finales del XIX eran meras operaciones técnicas para levantar el Mapa Topográfico Nacional y el Catastro, no un deslinde jurisdiccional.
- 3. El mazazo del Supremo (2026): El Alto Tribunal ha tumbado por unanimidad el criterio del TSJA, declarando que el deslinde de 1872 quedó "consentido y firme" al no ser recurrido en su momento y recordando que la propia línea de 1872 coincidía con la separación histórica de los Montes de Utilidad Pública ("Monte del Pueblo de Zafarraya" y "Monte Sierras").
Para colmo de despropósitos, el propio Ayuntamiento de Alhama impulsó y acordó en 2006 levantar un vallado físico exactamente sobre esa misma línea divisoria. Es decir, el Consistorio alhameño pleiteaba en los tribunales por un territorio que, sobre el terreno, había delimitado y aceptado mediante una valla veinte años antes.

¿Incompetencia o connivencia? La sombra del informe técnico
Pero si la dejadez política resulta difícil de justificar, las acusaciones sobre una posible confluencia entre intereses públicos y privados elevan el escándalo a otra dimensión.
Tal como se ha señalado públicamente en el debate político local, en el propio expediente administrativo utilizado por Zafarraya para sustentar su reclamación figura un informe técnico firmado por el propio Jesús Ubiña en su condición profesional de ingeniero técnico agrícola (elaborado años antes de convertirse en regidor). Una situación que coloca al alcalde en una posición de evidente choque institucional: el máximo responsable de defender el patrimonio territorial de Alhama firmó en el pasado documentación técnica que ha terminado sirviendo de munición jurídica a la parte contraria.
A ello se suma el silencio y la pasividad ante una Junta de Andalucía del mismo color político que en 2019 firmó la orden de deslinde y que, lejos de mantenerse neutral o buscar una salida consensuada que protegiera los derechos de ambos municipios, recurrió en casación ante el Supremo junto a Zafarraya y contra Alhama para arrebatarle definitivamente las 1.300 hectáreas.

Las consecuencias: menos territorio, menos recursos y un recurso desesperado
El golpe no es meramente simbólico ni una cuestión de orgullo cartográfico. La pérdida de estas casi 1.300 hectáreas tiene un impacto directo y tangible en el presente y el futuro de Alhama:
- Perjuicio al sector primario: Los ganaderos alhameños ven reducido su espacio de pastoreo y aprovechamiento en la sierra, mientras que los de Zafarraya pasan a poder reclamar subvenciones agrarias sobre unas tierras que hasta ahora no computaban en su término.
- Pérdida patrimonial y cinegética, Alhama pierde el control administrativo, fiscal y de gestión de caza y monte público sobre 13 kilómetros cuadrados de su entorno natural.
Ahora, con la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre la mesa, el alcalde Jesús Ubiña anuncia a la desesperada un incidente de nulidad y un hipotético recurso ante el Tribunal Constitucional, lamentando que los magistrados no hayan mantenido los mismos criterios. Un movimiento de última hora que suena más a maniobra de distracción para eludir responsabilidades políticas que a una vía real para recuperar lo perdido.
Porque la tierra de Alhama no se ha perdido únicamente en los despachos de Madrid en julio de 2026. Se empezó a perder hace diez años, entre la arrogancia de no tener estrategia, la sumisión política ante Sevilla y las sombras de unos intereses cruzados que nunca debieron anteponerse a la defensa del patrimonio de todo un pueblo.

De la construcción democrática al mayor retroceso de la historia reciente
Para entender la gravedad del momento actual basta con mirar atrás y repasar las doce corporaciones municipales que han gobernado Alhama de Granada desde la recuperación de la democracia en 1979. A lo largo de casi medio siglo, por el sillón de la Alcaldía han pasado regidores de distinto signo político —desde Ricardo Cortés (PSA) en aquella primera legislatura de transición, pasando por Salvador Fernández (PC), José Sánchez (PSOE), las distintas etapas de Antonio Molina (PSOE) y Francisco Escobedo (PSOE), hasta los mandatos previos de José Fernando Molina (PP)— con corporaciones plurales donde la defensa del territorio y el impulso al municipio estaban por encima de cualquier sigla.
Ninguno de aquellos gobiernos, ni siquiera en los momentos de mayor fragilidad aritmética o de pactos complejos, permitió jamás que se cercenara un solo palmo del término municipal. Al contrario, las sucesivas etapas democráticas fueron levantando, paso a paso, los servicios, las infraestructuras y el tejido institucional que sostuvieron a Alhama como cabecera histórica de comarca.
Sin embargo, tras tres mayorías absolutas consecutivas del Partido Popular desde 2015 encabezadas por Jesús Ubiña Olmos (legislaturas X, XI y XII), el balance no deja lugar a matices: Alhama atraviesa el periodo más perjudicial y dañino de su historia democrática reciente. La amputación de casi 1.300 hectáreas de monte público no es un hecho aislado, sino la culminación de una década marcada por la parálisis, el deterioro progresivo de los servicios públicos, la pérdida de peso institucional, la falta de infraestructuras y una alarmante ausencia de iniciativas para dinamizar el desarrollo económico y frenar la sangría poblacional.
La historia juzgará con severidad a quienes recibieron un municipio con su integridad territorial intacta y con proyectos de futuro, y a quienes la están dejando más pequeño, más empobrecido y sumido en el abandono. Porque cuando se pierde la tierra, se debilitan los servicios y se renuncia a liderar el progreso de un pueblo, no estamos ante una simple mala racha política: estamos ante el fracaso histórico de un gobierno que ha costado demasiado caro a Alhama.

- La prensa también se hace eco del descalabro político de Alhama


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