Se busca determinar si dio cobertura legal a construcciones que no lo eran por estar vinculadas a proyectos de su estudio de arquitectura en su etapa de concejal de Hacienda.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Loja (Granada) ha citado a declarar al alcalde de Alhama de Granada, el 'popular' Jesús Ubiña, en el marco de la investigación abierta para determinar si dio cobertura legal a construcciones que no lo eran por estar vinculadas a proyectos de su estudio de arquitectura en su etapa de concejal de Hacienda en esta localidad.
El regidor deberá declarar en calidad de investigado el próximo día 13 ante el citado Juzgado, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, y lo hará por posibles delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
El Ministerio Público abrió diligencias de investigación por este asunto, en el que también está implicado el concejal de Urbanismo, Pablo Ariza, tras recibir la denuncia de un particular en junio de 2015 en la que se relataban una serie de irregularidades urbanísticas que se estarían perpetrando en el Ayuntamiento de Alhama.
Entre ellas se cita una instrucción aprobada por el pleno el 28 de septiembre de 2014, supuestamente con la finalidad de dar cobertura legal a construcciones ilegales que contravenían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por estar vinculadas sus licencias de obras y proyectos al estudio de arquitectura de los concejales de Urbanismo y de Hacienda en la localidad.
En la denuncia se destacaba asimismo el supuesto de la tramitación de un proyecto de actuación tramitado por la sociedad Agro Ingeniería Guerrero SL para la construcción de una nave industrial conforme al proyecto redactado por el concejal Delegado de Hacienda, Jesús Ubiña, que compartía el estudio de arquitectura con el concejal de Urbanismo, Pablo Ariza.
Tras haber sido denunciado en el Ayuntamiento el proyecto, al entender el denunciante que se vulneraba la legalidad urbanística y ser contrario el PGOU y al haber caducado la licencia de obras, ésta se volvió a solicitar el 29 de julio de 2014.
Así, se incoó entonces un expediente para la construcción de una nave agrícola e invernadero con un proyecto redactado por el promotor, evitando, "según se dice en la denuncia", que apareciera el nombre del concejal de Hacienda. Constaba entonces la parcela 168, a pesar de que las obras se estaban realizando en las parcelas 165 y 298, ya que "éstas son de secano y no cumplen con la unidad mínima de cultivo".
"A pesar de que la parcela tenía informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del secretario del Ayuntamiento se concedió licencia de obras en fecha 30 de septiembre de 2014".
Por todo, la fiscal delegada de Medio Ambiente, Sara Muñoz-Cobo, acordó la práctica de diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos y ofició al equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil para que elaborara un informe acerca de la posible relevancia penal en relación con los hechos denunciados, e incluso reclamó información al Ayuntamiento de Alhama y a la Gerencia Territorial del Catastro.
Para el Ministerio Público, existen en este caso indicios de un posible delito de prevaricación, prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio, delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, por lo que resolvió interponer denuncia contra Jesús Ubiña y Pablo Ariza, que ahora están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja.
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