Se suma a la propuesta del PSOE, aunque para ello los socialistas tuvieron que eliminar lo referente a las menores de 16 años.
En el último pleno del mes de enero los el grupo del PSOE local presentó una moción en contra de la reforma que el ministro Gallardón pretende con la nueva ley del aborto.
La moción fue aprobada unánimemente por PSOE y PP (Izquierda Unida no estuvo representada en el pleno porque el único concejal de esta formación política no asistió al mismo al encontrarse indispuesto).
El equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Alhama se sumaba a la moción presentada por el grupo municipal socialista, si se añadía un matiz al acuerdo de mantener la legislación vigente sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo de suprimir la cláusula que permite a las mujeres menores de 16 años abortar sin el consentimiento de su padre-madre.
El grupo municipal socialista aceptaba el matiz propuesto por el equipo de gobierno y la moción era aprobada por unanimidad, y es que el Anteproyecto de Ley presentado por el Ministro de Justicia está provocado un gran rechazo social, incluyendo el de miembros de su propio partido.
La moción
Ante la revisión de la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo que pretende el Gobierno del PP se están presentando mociones en los ayuntamientos por parte de las formaciones políticas.
En el pleno municipal celebrado el pasado jueves 30 de enero de 2014, la concejala socialista, Sonia Jiménez, presentaba la siguiente exposición de motivos:
La revisión que pretende llevar a cabo el Gobierno en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectaría a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.
Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y “grave peligro para la vida o la salud” de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.
Esta decisión tiene consecuencias muy graves, ya que convertirá en criminales a las mujeres que tengan que abortar en la clandestinidad y, por tanto, sin las garantías sanitarias necesarias.
Esta nueva ley convertirá un derecho en un delito. España volverá a diferenciar entre mujeres de primera y segunda clase. Entre las que podrán costearse un aborto seguro y legal en otro país más avanzado y entre las que son condenadas a la clandestinidad por falta de recursos.
Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia.
Las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.
Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros del propio Partido Popular, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.
No se pueden imponer convicciones personales en una ley, convicciones personales de un Ministro de Justicia que tendría un hijo/a con malformaciones e imponer esa creencia a todas las mujeres españolas e incongruentemente cuando están llevando a cabo recortes en ayudas sociales, educativas y sanitarias. Recortes que como siempre perjudican a los colectivos más vulnerables y con menor poder adquisitivo.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Alhama de Granada propuso para su aprobación en el pleno acuerdos como:
- Instar al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo, en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud.
- Rechazar la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el Gobierno.