Cada ayuntamiento puede solicitar ser incluido en el plan y se les va inspeccionando por orden. En nuestra comarca, y que se sepa, ya se ha realizado una primera inspección a Alhama, Cacín y Santa Cruz del Comercio.
La inspección que inició el Catastro hace dos años ha revisado 85 municipios de la provincia, en los que se han detectado viviendas y reformas sin declarar por valor de 28 millones en IBI
Con drones, imágenes vía satélite, sistemas de geolocalización o con visitas a pie. Revisar es lo que tiene y cuando el Ministerio de Hacienda se pone a destapar fraudes hay pocos que le ganen. Desde el 2014 el fisco mira con lupa los municipios españoles. Lo hace dentro de un plan de regularización catastral que busca detectar construcciones y reformas de viviendas no declaradas y, que por tanto, no abonan sus impuestos; aunque sean legales. Desde la fecha y hasta el 20 de julio, en Granada se han 'investigado' los mapas catastrales de 85 municipios, y los drones (o las imágenes analizadas) han detectado, por ahora, un total de 45.791 viviendas que anteriormente a la revisión del plan no habían declarado alguna obra nueva o reforma y que han tenido que ser regularizados.
Son obras de nuevas edificaciones, cambios de uso, ampliaciones, reformas, instalación de piscinas... que aunque tengan sus licencias y permisos, no habían sido registradas. De rebote -aunque fuese sin pretenderlo- conseguían esquivar así, entre otras cosas, el incremento impositivo, vía IBI y plusvalías. La cuestión es que se han podido realizar con su licencia urbanística pertinente o con la autorización municipal perceptiva pero no se han actualizado su situación en el Catrastro por lo que su valor real tampoco es el correcto.
El proceso extraordinario de regularización catastral, que entró en vigor en el 2013 y concluirá el próximo 31 de diciembre, alerta de que hasta el momento, en Granada, en relación al tipo de fraude, en el 55% de los casos se debe a nuevas construcciones -una casa de apero o una finca familiar en la que los hijos han levantado sus casas junto a la de sus padres-; en el 13% a ampliaciones y rehabilitaciones -sumar otro piso o hacer la soñada buhardilla a tu vivienda-; el 8% de los fraudes detectados afectan a reformas y cambios de uso no comunicados y que afectan al valor catastral y, por último, el 20%, un porcentaje elevado, a la construcción de piscinas no declaradas.
162 euros más, de media
Evidentemente, estas irregularidades que, insisten desde el Ministerio, no significan ilegalidades, sí tienen es su repercusión económica. El que las viviendas o las nuevas construcciones no estén registradas como tal en el Catastro tiene una consecuencia directa en el pago de los tributos, especialmente, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), uno de los principales ingresos que tienen los ayuntamientos. Según los datos aportados por el fisco, los propietarios de las viviendas que ahora han sido destapadas por la labor inspectora pagarán una media de 162 euros más en el recibo del IBI. No sólo eso, en el análisis realizado también se especifican los atrasos de los últimos cuatro años que suponen abonar, de media, una liquidación de 405 euros. En total, según la información aportada por el ministerio en Granada se han dejado de ingresar 28.456.697 euros en este concepto.
Las cantidades de los recibos son la media que pagarán los propietarios, pero la cuantía individual varía en función del tipo de obra que no se hubiera declarado. La cantidad que sí es fija y que permite a los propietarios legalizar las construcciones con irregularidades es la de 60 euros -que servirá para autofinanciar el ambicioso plan que algunas fuentes han cifrado en 80 millones de euros-.
No multar, sí regularizar
Desde la Dirección General del Catastro se precisa que esta regularización no multa las obras ilegales. Es competencia de las autoridades municipales y autonómicas el ejercicio de las labores de policía urbanística, calificación de infracciones e imposición de sanciones en el ámbito de sus competencias. Por eso, remarcan, que la idea es sacar a la luz los inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente registrados y declarados. Curiosamente, cada ayuntamiento puede solicitar ser incluido en el plan y se les va inspeccionando por orden. En el caso de Granada, pasaron el examen en una primera fase Alfacar, Alhendín, Armilla, Chauchina, Churriana de la Vega, Cijuela, Cúllar Vega, Iznalloz, La Zubia, Láchar, Las Gabias, Monachil, Peligros, Pinos Puente, Salar, Santa Fe, Vegas del Genil y Villanueva Mesía.
A éstos se les sumaron Albuñuelas, Alhama de Granada, Almegijar, Iznalloz, Baza, Beas de Granada, Benalúa de las Villas, Cacín, Cájar, Caniles, Carataunas, Cenas de la Vega, Cogollos Vega, Villamena, Cortes y Graena, Darro, Granada, Gojar, Jete, Molvízar, El Valle, La Tahá, Fuente Vaqueros, Montefrío, Órgiva, Otívar, Píñar, Pulianas, Santa Cruz del Comercio, Valderrubio, Vélez de Beaudalla, Víznar, Villamena, Zagra, Cuevas del Campo, Nívar o Lugros, entre otros.
Este estudio inspector granadino ha sido extensivo y exhaustivo en toda la geografía nacional -excepto País Vasco y Navarra, con las competencias cedidas- a cargo de la Dirección General del Catastro.
Hasta el momento, 6.331 ayuntamientos han recurrido al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda para hacer un 'barrido' de sus suelos. En 4.340 de ellos, el Catastro ha acabado su labor y ha detectado a través de imágenes vía satélite y fotos tomadas con drones 1.691.000 inmuebles con irregularidades. Es decir, el fraude en el padrón urbano y rústico de los municipios deja al descubierto 1,7 millones de inmuebles en un total de 4.340 localidades repartidas por toda España.
Los ayuntamientos serán los grandes beneficiarios de este programa de actualización catastral que abarca a un total de 6.331 municipios, un 83% de todos los que existen en España. De esta cifra, la regularización a nivel nacional está ya culminada en 4.154 localidades, en tanto que se mantiene en curso en otras 456 y ha sido iniciada recientemente en 1.721.
En el caso del Granada y aunque las cifra de 45.721 inmuebles irregulares en la actualización parezca elevada, representa sólo el 7,03% de todo lo analizado. Es decir, en el 93 % de los casos en Granada los drones han dado el visto bueno a la realidad y a lo que hay en los mapas catastrales.
Nota: Arriba la foto desde el aire. Una de las imágenes aéreas facilitadas por la Dirección General del Catastro, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, y encargado de la inspección. / D.G.C.