La delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, ha firmado un convenio de colaboración con 34 nuevos ayuntamientos de la provincia que tiene como objetivo favorecer la reeducación e inserción de menores infractores a través del desarrollo de medidas en beneficio de la comunidad adoptadas por los juzgados de menores, en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno y a la que ha asistido también la directora general de Justicia Juvenil, Carmen Belichón.
La adhesión de estos ayuntamientos suman ya 106 en la provincia que colaboran con la Junta de Andalucía para aplicar las medidas judiciales en medio abierto. Sandra García, como responsable de las competencias de Justicia, ha destacado la importancia y la implicación de los ayuntamientos para desarrollar las medidas judiciales impuestas a los menores en beneficio de los municipios donde residen y la ejecución de actividades reparadoras a favor de su población.
En este sentido, García ha precisado que la aplicación de las medidas en su entorno más próximo y “los valores que aportan los vínculos afectivos y de solidaridad están permitiendo que un 80% de los menores infractores no vuelvan a reincidir tras cometer una infracción y cumplir una medida judicial, según el estudio de seguimiento realizado por la Universidad de Almería”. Carmen Belinchón, por su parte, ha redundado en estos buenos resultados de reinserción y ha aludido a la puesta en marcha hace catorce años de la Ley de Reforma Penal Juvenil como punto de partida para mejorar la reinserción de los menores al contemplar medidas judiciales en beneficio de la comunidad y la prevención.
En este sentido, el juez de Menores, Emilio Calatayud, ha señalado que el pasado año los menores dela provincia delinquieron un 30% menos que el año anterior y ha apuntado que la vuelta de éstos a los centros educativos por la crisis es uno de los factores claves.
El pasado año, la Delegación del Gobierno ejecutó un total de 1.119 medidas judiciales en medio abierto de menores infractores impuestas por los juzgados de menores la mayor parte con 525 medidas en libertad vigilada, 149 en tareas socioeducativas y 173 en prestaciones en beneficio de la comunidad.
Estas medidas judiciales, impuestas a los menores infractores, tienen como finalidad educativa el reconocimiento del daño causado, de manera que el menor asuma su responsabilidad resarciendo de alguna forma a la sociedad.
Los acuerdos recogen que, una vez los juzgados imponen las medidas a cumplir, los consistorios elaboran un catálogo de posibles actividades a realizar mientras la Junta traslada a los juzgados de menores las posibles medidas a desarrollar en cada población. Ambas instituciones hacen un seguimiento directo de las medidas entre las que se están realizar trabajos de colaboración social como recogida del botellón, limpieza de graffittis, colaboración en hospitales, acompañamiento a mayores y dependientes, reparación y mantenimiento de jardines, instalaciones deportivas o mobiliario urbano.
La delegada del Gobierno ha solicitado a los ayuntamientos firmante que difundan los beneficios y buenos resultados de estos convenios para incrementar el número de municipios participantes en esta colaboración con la Junta y los juzgados de menores.
En este sentido, García ha precisado que la aplicación de las medidas en su entorno más próximo y “los valores que aportan los vínculos afectivos y de solidaridad están permitiendo que un 80% de los menores infractores no vuelvan a reincidir tras cometer una infracción y cumplir una medida judicial, según el estudio de seguimiento realizado por la Universidad de Almería”. Carmen Belinchón, por su parte, ha redundado en estos buenos resultados de reinserción y ha aludido a la puesta en marcha hace catorce años de la Ley de Reforma Penal Juvenil como punto de partida para mejorar la reinserción de los menores al contemplar medidas judiciales en beneficio de la comunidad y la prevención.
En este sentido, el juez de Menores, Emilio Calatayud, ha señalado que el pasado año los menores dela provincia delinquieron un 30% menos que el año anterior y ha apuntado que la vuelta de éstos a los centros educativos por la crisis es uno de los factores claves.
El pasado año, la Delegación del Gobierno ejecutó un total de 1.119 medidas judiciales en medio abierto de menores infractores impuestas por los juzgados de menores la mayor parte con 525 medidas en libertad vigilada, 149 en tareas socioeducativas y 173 en prestaciones en beneficio de la comunidad.
Estas medidas judiciales, impuestas a los menores infractores, tienen como finalidad educativa el reconocimiento del daño causado, de manera que el menor asuma su responsabilidad resarciendo de alguna forma a la sociedad.
Los acuerdos recogen que, una vez los juzgados imponen las medidas a cumplir, los consistorios elaboran un catálogo de posibles actividades a realizar mientras la Junta traslada a los juzgados de menores las posibles medidas a desarrollar en cada población. Ambas instituciones hacen un seguimiento directo de las medidas entre las que se están realizar trabajos de colaboración social como recogida del botellón, limpieza de graffittis, colaboración en hospitales, acompañamiento a mayores y dependientes, reparación y mantenimiento de jardines, instalaciones deportivas o mobiliario urbano.
La delegada del Gobierno ha solicitado a los ayuntamientos firmante que difundan los beneficios y buenos resultados de estos convenios para incrementar el número de municipios participantes en esta colaboración con la Junta y los juzgados de menores.