Muchos de estos inmigrantes trabajaban hasta 10 horas seguidas, cobrando entre 5 y 6 euros la hora, sin respetar lo establecido en el convenio del campo.
La Guardia Civil, en el marco de la operación Llano 2020, ha detenido a catorce empresarios agrícolas que operan en el Llano de Zafarraya, en los municipios de Zafarraya y Alhama de Granada, como presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, al contratar a migrantes indocumentados para conseguir un aprovechamiento lucrativo a consta de los derechos laborales de estas personas.
En esta operación la Guardia Civil además ha denunciado treinta y ocho infracciones administrativas, entre las que se encuentran veintinueve personas por estancia irregular en España; cinco por favorecer la inmigración clandestina con ánimo de lucro, y a cuatro personas más por infracciones a la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, por ceder o arrendar inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad y habitabilidad establecidas en dicha Ley.
Ante el inicio de la campaña hortícola 2020 en el Llano de Zafarraya, la Guardia Civil ha desplegado un operativo en el que han participado el Grupo de Información de la Comandancia de Granada y los agentes del puesto de Zafarraya. A lo largo de todo el mes de junio, se han incrementado las inspecciones en las explotaciones agrícolas de Zafarraya, Alhama de Granada y Ventas de Zafarraya para garantizar la seguridad ciudadana y con el fin de evitar que el número de delitos aumenten en consonancia con el aumento de población que se produce en esta comarca granadina, sobre todo migrantes, a la que llegan a buscar trabajo.
“Muchas de las personas que acuden al Llano de Zafarraya son inmigrantes irregulares y, desgraciadamente, siempre hay desaprensivos que se aprovechan de su situación de necesidad para lucrarse haciéndoles trabajar más horas, pagándoles menos, sin contrato legal y alojándolos en viviendas indignas”, indican desde el Instituto armado.
Durante las inspecciones, los agentes tuvieron la dificultad añadida de que los inmigrantes en situación irregular desconfían de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por miedo a ser devueltos a sus países de origen, desconfianza que es alimentada además por las personas que los contratan. La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de catorce empresarios y empleadores, tanto de nacionalidad española como marroquí, por tener trabajando en sus explotaciones agrícolas inmigrantes irregulares sin contrato y sin dar alta en la Seguridad Social.
La Guardia Civil ha comprobado que muchos de estos inmigrantes, por su estado de necesidad, trabajaban hasta 10 horas seguidas, cobraban entre 5 y 6 euros la hora, sin respetar lo establecido en el convenio del campo, como por ejemplo el derecho a descanso semanal. Y que muchos de ellos estaban alojados en casetas de aperos, sin aislamiento, soportando temperaturas muy elevadas; sin luz; sin agua potable y sin aseos: los trabajadores en estos casos tenían que utilizar el agua de riego de la finca para sus necesidades.
La Guardia Civil también detectó la existencia de propietarios que alquilaban inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad y habitabilidad que establece la Ley 1/2010, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Estos propietarios se exponen a sanciones que pueden llegar a los 9.000 euros.
(Origen de la noticia)
En esta operación la Guardia Civil además ha denunciado treinta y ocho infracciones administrativas, entre las que se encuentran veintinueve personas por estancia irregular en España; cinco por favorecer la inmigración clandestina con ánimo de lucro, y a cuatro personas más por infracciones a la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, por ceder o arrendar inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad y habitabilidad establecidas en dicha Ley.
Ante el inicio de la campaña hortícola 2020 en el Llano de Zafarraya, la Guardia Civil ha desplegado un operativo en el que han participado el Grupo de Información de la Comandancia de Granada y los agentes del puesto de Zafarraya. A lo largo de todo el mes de junio, se han incrementado las inspecciones en las explotaciones agrícolas de Zafarraya, Alhama de Granada y Ventas de Zafarraya para garantizar la seguridad ciudadana y con el fin de evitar que el número de delitos aumenten en consonancia con el aumento de población que se produce en esta comarca granadina, sobre todo migrantes, a la que llegan a buscar trabajo.
“Muchas de las personas que acuden al Llano de Zafarraya son inmigrantes irregulares y, desgraciadamente, siempre hay desaprensivos que se aprovechan de su situación de necesidad para lucrarse haciéndoles trabajar más horas, pagándoles menos, sin contrato legal y alojándolos en viviendas indignas”, indican desde el Instituto armado.
Durante las inspecciones, los agentes tuvieron la dificultad añadida de que los inmigrantes en situación irregular desconfían de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por miedo a ser devueltos a sus países de origen, desconfianza que es alimentada además por las personas que los contratan. La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de catorce empresarios y empleadores, tanto de nacionalidad española como marroquí, por tener trabajando en sus explotaciones agrícolas inmigrantes irregulares sin contrato y sin dar alta en la Seguridad Social.
La Guardia Civil ha comprobado que muchos de estos inmigrantes, por su estado de necesidad, trabajaban hasta 10 horas seguidas, cobraban entre 5 y 6 euros la hora, sin respetar lo establecido en el convenio del campo, como por ejemplo el derecho a descanso semanal. Y que muchos de ellos estaban alojados en casetas de aperos, sin aislamiento, soportando temperaturas muy elevadas; sin luz; sin agua potable y sin aseos: los trabajadores en estos casos tenían que utilizar el agua de riego de la finca para sus necesidades.
La Guardia Civil también detectó la existencia de propietarios que alquilaban inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad y habitabilidad que establece la Ley 1/2010, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Estos propietarios se exponen a sanciones que pueden llegar a los 9.000 euros.
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