Nos quedamos fuera de las escuelas taller y talleres de empleo



Empezamos el año sin haber conseguido ninguna de estas iniciativas que hubiesen servido para paliar el desempleo juvenil y de formación.

 O no se han presentado proyectos o estos no han cumplido los requisitos para acceder a estos programas que podrían haber supuesto un alivio, y de base de formación, para la cantidad de jóvenes que no tienen salida profesional en nuestra comarca.

La Junta destina 5 millones de euros para la puesta en marcha de 20 escuelas taller y talleres de empleo en la provincia de Granada

 La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha aprobado 20 proyectos de escuelas taller y talleres de empleo en la provincia de Granada que beneficiarán a 300 personas desempleadas, gracias a una ayuda global de 5.038.023,50 euros concedidos a 9 ayuntamientos, la Diputación Provincial y el Consorcio Vega Sierra Elvira, que desarrollarán estas acciones que combinan formación y empleo durante el año 2018.

 El delegado territorial de Economía y Empleo, Juan José Martín Arcos, ha destacado que “junto a los 159 cursos para más de 2.000 personas desempleadas programados en Granada, las 5 escuelas taller y los 15 talleres de empleo aprobados, suponen una apuesta firme y decidida por parte de la Junta de Andalucía para mejorar la calidad formativa y la empleabilidad de las personas desempleadas en la provincia”. Asimismo, ha explicado que estos programas “suponen una importante herramienta para la recualificación de las personas desempleadas, alternando la formación con el trabajo productivo a través de un contrato”.

 Concretamente han sido aprobadas 5 escuelas taller promovidas por los ayuntamientos de Pinos Puente y Huétor Tájar , además de la Diputación Provincial (Fuente Vaqueros, Granada y Huéscar), así como 15 talleres de empleo que llevarán a cabo los ayuntamientos de Granada, Loja, Benalúa, Baza, Cúllar, Armilla, Huétor Tájar y Alicún de Ortega, la Diputación de Granada (Fuente Vaqueros y Huéscar) y el Consorcio Vega Sierra Elvira (Atarfe, Santa Fe, Maracena y Peligros).

 Las especialidades -que se corresponden con certificados de profesionalidad de nivel 1 al 3- son las de soldaduras, actividades auxiliares en agricultura, agricultura ecológica, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, actividades administrativas. También se se formará en operaciones auxiliares de servicios administrativos, atención sociosanitaria a personas dependientes (en domicilios y en instituciones sociales); montaje de muebles y elementos de carpintería; operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas; dinamización de actividades de tiempo libre educativo, promoción turística local y alojamiento rural.

Novedades

 Entre las novedades de esta convocatoria está la tramitación en régimen de concurrencia competitiva con una serie de criterios objetivos para la valoración de los proyectos, que garantiza la igualdad en el acceso a estos fondos. En cuanto a la forma de pago, se abona un 75% por adelantado una vez resuelta la solicitud y el 25% restante una vez justificado el primer importe, tal y como permite la normativa estatal de Formación Profesional para el Empleo de 2015 para el caso de que los beneficiarios de subvenciones sean administraciones públicas.

 Además, la nueva norma mejora el proceso de selección del alumnado y del personal que imparte las acciones formativas, y establece la justificación de la subvención, en el caso de entidades locales, mediante certificado de su interventor.

 Para concurrir a estas subvenciones, las entidades debían estar debidamente acreditadas para impartir las acciones, por lo que cuentan con instalaciones homologadas para el desarrollo de los programas formativos. Además, las acciones formativas están incluidas en el fichero de especialidades de Formación Profesional para el Empleo, que posibilita la obtención de un certificado de profesionalidad con validez en toda la UE.

400 contrataciones

 Las escuelas taller y talleres de empleo son programas mixtos de empleo y formación cuyo objetivo es mejorar la ocupabilidad de los desempleados (jóvenes menores de 25 años y mayores de 25 años, respectivamente) en los que los participantes adquieren la formación profesional y la práctica laboral necesaria a través de un contrato, realizando obras y servicios de utilidad pública o interés social, durante un año de duración.