Publica el diario IDEAL. La formación de izquierdas asegura que once familias "llevan dos años recibiendo cartas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las que se les pide que desalojen sus viviendas".
La diputada autonómica de IU, María del Carmen Pérez, y vecinos del pantano de los Bermejales han denunciado “el trato vejatorio” que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "está infringiendo a los habitantes de las viviendas de esta zona desde hace dos años". La institución dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acusa a los vecinos de “ocupación indebida” de sus viviendas y pretenden su recuperación, mientras que sus moradores argumentan que tales viviendas fueron concedidas a los trabajadores de la Confederación por la propia administración en los años 70.
María del Carmen Pérez ha apuntado que existen once familias a las que se les ha enviado numerosas cartas en las que se les pide que desalojen sus viviendas en un plazo de diez días, situación que se produce desde 2013, fecha en la que la Confederación cambió de dirección. La parlamentaria andaluza aduce que, “aunque estos desahucios no llegan a ejecutarse, las amenazas generan una importante situación de angustia a las personas mayores que habitan las casas desde hace cincuenta años”. Pérez ha pedido tanto al Ayuntamiento de Arenas del Rey como a la Junta de Andalucía que medie con la administración central para regularizar la situación de estas familias, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir “que deje claras sus intenciones sobre estos terrenos y las viviendas que existen en ellos, puesto que no han dado ninguna explicación sobre cuáles son los planes de futuro para estos”. La diputada granadina teme que la administración pueda tener intereses especulativos en la zona “en tanto que la Confederación ya adquirió tres viviendas, con las que, lejos de darles uso, procedió a su derribo”. Según indican los vecinos, la Confederación ya ha anunciado el lanzamiento de las viviendas, aunque no ha puesto una fecha concreta para ello.
La formación de izquierdas pidió una cita con el presidente de la Confederación el pasado 19 de diciembre, el mismo día en que la parlamentaria granadina se reunió con los vecinos afectados, “pero a día de hoy todavía estamos esperando que nos reciban”, sostiene Pérez.
Asimismo, la representante autonómica ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Consejería de Salud tanto que los vecinos del pantano de los Bermejales carecen de agua potable como los cortes de agua que se vienen produciendo durante casi 15 horas al día desde el pasado mes. “Los técnicos del Ayuntamiento de Arenas del Rey afirman que el pantano dispone de agua para 200 familias, pero en la actualidad son solo 30 a las que hay que abastecer, por lo que no se entiende la restricción horaria de agua”, denuncia Pérez, quien mantiene que la Confederación tiene que hacer “un reparto justo y equilibrado de este recurso de primera necesidad, ya que existen negocios privados en la zona a los que no se les corta el suministro mientras que las familias tienen una restricción de las 14 a las 19h, y de 21 a 8h”.
También el presidente de la asociación de vecinos del pantano de los Bermejales, José Tomás Ordoño, ha pedido que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir atienda sus demandas respecto al suministro de agua, y aclare sus intenciones sobre las viviendas de la zona. Ordoño asegura que dichas viviendas fueron otorgadas a los empleados “con la promesa de que, mientras vivieran, dispondrían de la casa y los suministros de agua y luz”.
Los vecinos afectados recurrieron la resolución de la Confederación por la que se les obligaba a desalojar aludiendo que las viviendas “no constan en el Registro de Propiedad a nombre de la Confederación ni de nadie. Ni siquiera los terrenos donde están edificadas son de su propiedad”, constata José Tomás Ordoño, y apunta que aún no han recibido respuesta por parte de la Justicia.
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¿Es esta la respuesta de la CHG?
Así amanecía el Pantano de los Bermebales el miércoles 10 de junio de 2015, tras la publicación de la denuncia vecinal.
