Un informe de la Guardia Civil asegura que Francisca García Moreno (PSOE) se apoderó de manera «consciente» de unos terrenos que no le pertenecían.
Información de MANUEL PEDREIRA, página 18 del IDEAL del sábado 13/04/2013
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Loja ha imputado a la alcaldesa de Arenas del Rey, la socialista Francisca García Moreno como presunta autora de sendos delitos contra la ordenación del territorio y de tráfico de influencias al construir una vivienda invadiendo viales y zonas verdes, «valiéndose de su condición de alcaldesa» para obtener las licencias oportunas, entre otras irregularidades, según reza en un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso IDEAL.
La causa, en la que también aparece como imputado el que fuera arquitecto municipal de esta localidad entre 2005 y 2007, B. S. G., de 56 años, se originó en 2011 a raíz de una denuncia del Partido Popular, si bien la imputación de ambos ha llegado en febrero pasado.
La investigación se centra en una finca cuya parcelación fue autorizada por la alcaldesa en abril de 2004. Ahí se registra la primera supuesta irregularidad pues, según la investigación de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, la regidora debería haberse abstenido de intervenir en el expediente. Dos días después de conceder la licencia, se otorgó escritura pública de esa finca a su favor, si bien el propietario anterior aseguró a la Guardia Civil que cuando se solicitó la parcelación de la finca ya se la había vendido a la alcaldesa.
La licencia, además, se concedió sin los informes pertinentes. El del arquitecto fue emitido, con carácter favorable, ocho días después y el del secretario con siete días de retraso. No consta tan poco el pertinente informe jurídico. Los investigadores interpretan que estas irregularidades obedecieron a «tener intereses personales en el asunto, al tener ya comprada la finca a segregar». Las anomalías no acaban ahí pues en la finca se construyó una vivienda y se cercó «invadiendo la parcela colindante y ocupando varios viales y zonas verdes».
«La licencia urbanística que tenía concedida -prosigue el informe- amparaba la instalación de una cerca temporal, desmontable y en precario (...) y no la construcción de un muro de bloques de hormigón, la instalación de un portón metálico y un solado de hormigón permanente, ocupando parte de terrenos que no son de su propiedad».
La Policía Judicial asegura que esa circunstancia «da fiel imagen del poco carácter provisional que tienen las obras realizadas por la alcaldesa y de la supuesta apropiación indebida de los citados terrenos que lindan con su finca».
Las irregularidades que presuntamente ha cometido Francisca García Moreno, que llegó a la alcaldía en 2003, van más allá porque, una vez construida la vivienda y levantada la cerca, dio un paso más, modificar la normativa urbanística para adaptarla a la nueva situación.
Un PGOU a medida
Según la Guardia Civil, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, el vial y la zona verde que afectan a la parcela investigada desaparecen «siendo prácticamente la única modificación sustancial que sufre el nuevo PGOU, actualmente en fase de En su declaración como imputada ante la Policía Judicial, Francisca García Moreno rechazó que comprara la finca antes de conceder la licencia de segregación y atribuyó a un error que el informe del arquitecto fuese de fecha posterior. Francisca García Moreno aclaró que no se abstuvo en ese expediente porque solía hacerlo cuando se lo decía el secretario municipal y en esa ocasión no le informó de nada. También justificó la forma en que se había vallado la finca y el tipo de material utilizado en la creencia de que la licencia se lo permitía. La alcaldesa llega a admitir que el portó se encuentra en unos terrenos fuera de su propiedad pero explica que si le han dado permiso para realizar las obras «será porque no hay ningún tipo de problema». aprobación inicial». Esa actuación «pone de manifiesto el perjuicio que causaría al Ayuntamiento de Arenas del Rey al privarlo de bienes de dominio y uso público, y el beneficio que obtendría la alcaldesa al pasar dichas zonas a su propiedad, además de darle legalidad a la construcción realizada.
Los investigadores son tajantes. «La alcaldesa es totalmente consciente de las irregularidades y todos sus actos son el resultado de un plan preconcebido desde su comienzo para apropiarse de los terrenos y dar legalidad a la construcción».
En cuanto a la imputación del entonces arquitecto municipal, la Guardia Civil señala que teniendo conocimiento de las condiciones que figuraban en la licencia de obras de cercamiento que tenía concedida la alcaldesa «silenció las infracciones o bien omitió la realización de las correspondientes inspecciones de carácter obligatorio».
«No me abstuve porque el secretario no me informó»
En su declaración como imputada ante la Policía Judicial, Francisca García Moreno rechazó que comprara la finca antes de conceder la licencia de segregación y atribuyó a un error que el informe del arquitecto fuese de fecha posterior. Francisca García Moreno aclaró que no se abstuvo en ese expediente porque solía hacerlo cuando se lo decía el secretario municipal y en esa ocasión no le informó de nada. También justificó la forma en que se había vallado la finca y el tipo de material utilizado en la creencia de que la licencia se lo permitía. La alcaldesa llega a admitir que el portó se encuentra en unos terrenos fuera de su propiedad pero explica que si le han dado permiso para realizar las obras «será porque no hay ningún tipo de problema».
La causa, en la que también aparece como imputado el que fuera arquitecto municipal de esta localidad entre 2005 y 2007, B. S. G., de 56 años, se originó en 2011 a raíz de una denuncia del Partido Popular, si bien la imputación de ambos ha llegado en febrero pasado.
La investigación se centra en una finca cuya parcelación fue autorizada por la alcaldesa en abril de 2004. Ahí se registra la primera supuesta irregularidad pues, según la investigación de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, la regidora debería haberse abstenido de intervenir en el expediente. Dos días después de conceder la licencia, se otorgó escritura pública de esa finca a su favor, si bien el propietario anterior aseguró a la Guardia Civil que cuando se solicitó la parcelación de la finca ya se la había vendido a la alcaldesa.
La licencia, además, se concedió sin los informes pertinentes. El del arquitecto fue emitido, con carácter favorable, ocho días después y el del secretario con siete días de retraso. No consta tan poco el pertinente informe jurídico. Los investigadores interpretan que estas irregularidades obedecieron a «tener intereses personales en el asunto, al tener ya comprada la finca a segregar». Las anomalías no acaban ahí pues en la finca se construyó una vivienda y se cercó «invadiendo la parcela colindante y ocupando varios viales y zonas verdes».
«La licencia urbanística que tenía concedida -prosigue el informe- amparaba la instalación de una cerca temporal, desmontable y en precario (...) y no la construcción de un muro de bloques de hormigón, la instalación de un portón metálico y un solado de hormigón permanente, ocupando parte de terrenos que no son de su propiedad».
La Policía Judicial asegura que esa circunstancia «da fiel imagen del poco carácter provisional que tienen las obras realizadas por la alcaldesa y de la supuesta apropiación indebida de los citados terrenos que lindan con su finca».
Las irregularidades que presuntamente ha cometido Francisca García Moreno, que llegó a la alcaldía en 2003, van más allá porque, una vez construida la vivienda y levantada la cerca, dio un paso más, modificar la normativa urbanística para adaptarla a la nueva situación.
Un PGOU a medida
Según la Guardia Civil, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, el vial y la zona verde que afectan a la parcela investigada desaparecen «siendo prácticamente la única modificación sustancial que sufre el nuevo PGOU, actualmente en fase de En su declaración como imputada ante la Policía Judicial, Francisca García Moreno rechazó que comprara la finca antes de conceder la licencia de segregación y atribuyó a un error que el informe del arquitecto fuese de fecha posterior. Francisca García Moreno aclaró que no se abstuvo en ese expediente porque solía hacerlo cuando se lo decía el secretario municipal y en esa ocasión no le informó de nada. También justificó la forma en que se había vallado la finca y el tipo de material utilizado en la creencia de que la licencia se lo permitía. La alcaldesa llega a admitir que el portó se encuentra en unos terrenos fuera de su propiedad pero explica que si le han dado permiso para realizar las obras «será porque no hay ningún tipo de problema». aprobación inicial». Esa actuación «pone de manifiesto el perjuicio que causaría al Ayuntamiento de Arenas del Rey al privarlo de bienes de dominio y uso público, y el beneficio que obtendría la alcaldesa al pasar dichas zonas a su propiedad, además de darle legalidad a la construcción realizada.
Los investigadores son tajantes. «La alcaldesa es totalmente consciente de las irregularidades y todos sus actos son el resultado de un plan preconcebido desde su comienzo para apropiarse de los terrenos y dar legalidad a la construcción».
En cuanto a la imputación del entonces arquitecto municipal, la Guardia Civil señala que teniendo conocimiento de las condiciones que figuraban en la licencia de obras de cercamiento que tenía concedida la alcaldesa «silenció las infracciones o bien omitió la realización de las correspondientes inspecciones de carácter obligatorio».
«No me abstuve porque el secretario no me informó»
En su declaración como imputada ante la Policía Judicial, Francisca García Moreno rechazó que comprara la finca antes de conceder la licencia de segregación y atribuyó a un error que el informe del arquitecto fuese de fecha posterior. Francisca García Moreno aclaró que no se abstuvo en ese expediente porque solía hacerlo cuando se lo decía el secretario municipal y en esa ocasión no le informó de nada. También justificó la forma en que se había vallado la finca y el tipo de material utilizado en la creencia de que la licencia se lo permitía. La alcaldesa llega a admitir que el portó se encuentra en unos terrenos fuera de su propiedad pero explica que si le han dado permiso para realizar las obras «será porque no hay ningún tipo de problema».