Facua logra que tres malagueños consigan un pago de la Administración autonómica por daños y perjuicios en la paralización de unas reformas para las que no tenía competencia.
La Junta de Andalucía ha indemnizado con un total de 48.000 euros a tres malagueños por paralizar y retrasar unas obras en su vivienda sin tener competencias para ello. La Consejería de Cultura tardó diez años en reconocer que no podía haber ordenado dichas actuaciones, según ha informado Facua, que ha tramitado la demanda. L.V.B., residente en Málaga, inició en 2005 un proyecto de demolición y construcción de una nueva vivienda en la localidad de Alhama de Granada, en Granada, que tenían previsto utilizar sus padres como segunda residencia. Las obras incluían la edificación de un domicilio de dos plantas, más una tercera consistente en un torreón.
El proyecto, sin embargo, fue rechazado por la Consejería de Cultura en noviembre de 2006, previo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Granada, al considerar, erróneamente, que la obra se acometía en suelo perteneciente al Conjunto Histórico de Alhama de Granada. Así, el informe pedía que se realizaran cambios en el proyecto para poder autorizar las obras.
Durante diez años, el proyecto estuvo paralizado, ya que no se dio el visto bueno para la reanudación de las obras. En febrero de 2016, la afectada, cansada ya de las injustificadas trabas impuestas por la Administración y de que no atendieran a sus peticiones de que autorizaran las obras, decidió acudir a Facua Málaga para que reclamara a la Junta indemnizaciones por daños y perjuicios tanto para ella como sus padres.
El equipo jurídico de la asociación se dirigió a la Consejería recordando que el expediente de paralización había sido indebido ya que, al no encontrarse realmente el domicilio en el Conjunto Histórico de la localidad, Cultura no tenía competencias para haberlo dictado e impedido las obras. Además, reclamó indemnizaciones para los tres afectados por no haber podido usar la vivienda durante los diez años y por los importantes gastos que habían tenido que asumir durante todo el proceso.
La Consejería de Cultura dictó una resolución de responsabilidad patrimonial en la que reconoció “la falta de competencia”, consideraba “improcedente el procedimiento de autorización cultural previa a la licencia urbanística, así como todas las actuaciones realizadas por esta Administración” y decidió las indemnizaciones que debían recibir los afectados.
Facua Málaga planteó un recurso contra la resolución de Cultura al entender que las indemnizaciones que concedía eran demasiado bajas. Finalmente, sin embargo, la Consejería ha decidido reafirmarse en que las cantidades eran correctas: 4.842 euros para la usuaria y 21.600 para cada uno de sus padres. En total, 48.042 euros que los afectados han aceptado y ya han cobrado.
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