Este plan del decreto de Inclusión de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales permitirá emplear al alrededor de 26.000 personas en el conjunto de Andalucía con un presupuesto de 40 millones de euros.
Un total de 170 ayuntamientos de Granada, el 98,8% del total provincial, 172, se repartirán los 5 millones de euros de presupuesto destinados a la provincia derivados del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación del Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicó recientemente la relación de Ayuntamientos participantes, así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos.
Con este plan de empleo extraordinario se pretende realizar unos 26.000 contratos en toda Andalucía, que serán gestionados por los consistorios. Estas ayudas permitirán favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral para personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo y la atención a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social.
En el conjunto de Andalucía el número de ayuntamientos beneficiados asciende a 772, el 99,2% de los 778 existentes. Para todos ellos se ha destinado un presupuesto de 40 millones de presupuesto. Con este programa se pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía para con las administraciones locales, instituciones, así como su colaboración con las mismas.
El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad. Se trata de un programa dotado con 40 millones de euros para el conjunto de la comunidad y que persigue combatir las situaciones de exclusión social.
Con esta motivación, en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.